Abandono o incumplimiento del plan de trabajo, sentencia condenatoria ejecutoriada y deuda de pensión alimenticia fueron las tres causales que presentó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con respecto a la reforma de la ley de revocatoria del mandato.  

En una Asamblea con pocos legisladores, Marisol Peñafiel, parlamentaria de PAIS, expuso el proyecto creado por el asambleísta independiente Henry Cuji.

Las causales mencionadas deberán ser incluidas en la Ley de Participación Ciudadana, pues el proyecto pretende esclarecer las causales de la revocatoria del mandato, a la que estaría sujeta una autoridad.

Además, el proyecto establece que ningún servidor público puede formar parte de una campaña de revocatoria, pues el documento señala que este hecho podía ser considerado como un acto de interés político. De igual manera, se solicitó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea el organismo encargado de regular la razón de ser de un pedido de revocatoria.

En la Constitución de 2008 se recogió este principio, pero no se desarrolló totalmente, de igual manera, dicha norma garantiza la participación ciudadana, en el caso de producirse la revocatoria de una autoridad, la misma que fue elegida por mandato popular.

Es la Ley de Participación Ciudadana la encargada de regular los procedimientos del pedido de revocatoria del mandato de un funcionario, pero como lo mencionó Peñafiel, a pesar de la reforma realizada por la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, en 2011, en la que se declaró la legitimación de la revocatoria como el mecanismo de democracia directa, aún persisten falencias. “En la práctica existen algunos vacíos que no precautelan el bien jurídico de la ley”, mencionó.

Paco Moncayo, asambleísta de Ruptura, comentó que la revocatoria generó grandes problemas en el país, particularmente a los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que es necesario aclarar qué es revocatoria y qué es la remoción.

Por otro lado, Virgilio Hernández considera inconstitucional la reforma, pues explica que el CNE tomaría el papel que por ley le corresponde a la ciudadanía. “No se puede desfigurar el proyecto intentando que instituciones del Estado asuman el papel de la ciudadanía”.