La depuración que experimenta el aparato burocrático desde el viernes tiene como objetivo fundamental terminar con la corrupción y mejorar la eficiencia en las entidades del Estado.

El principal beneficiado va a ser el ciudadano, que observará en las distintas dependencias públicas un cambio en el  modelo de gestión, basado en procesos y con soporte tecnológico gracias a la creación de Ventanillas Únicas Virtuales.

Es decir, se pasa de un esquema anteriormente burocratizado a otro más ágil y dinámico que  encamine a los ecuatorianos hacia la construcción de un Estado democrático para el Buen Vivir. La salida de los funcionarios se sustenta en lo que determina la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que reemplazó a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca).

Esa norma, en el artículo pertinente y que se encuentra en el Decreto 813 dice: “Cesación de funciones por compra de renuncias por indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la Losep, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas.

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un valor máximo de ciento cincuenta salarios”. El nuevo cuerpo legal cuenta con mecanismos claros que permiten la desvinculación de funcionarios que no cumplan con las metas de eficiencia y servicio de calidad en las instituciones. En ese sentido se ha previsto la cancelación de $ 1.320 a los funcionarios salientes por cada año que laboraron para el Gobierno.

Los valores a pagar a los ex burócratas están debidamente presupuestados. Este grupo de ciudadanos tendrá la posibilidad de recibir capacitaciones de tipo empresarial para incentivar los emprendimientos con el capital de indemnización que reciban de parte del Estado.

Las vacantes que dejen quienes abandonan el servicio público no serán cubiertas por cuotas políticas, sino más bien se las llenará tras una rigurosa selección en donde predomine la meritocracia.

La reestructuración institucional propone además una campaña de revalorización del funcionario público. Sugiere un cambio de mentalidad pensando en: “Ser mejor para servir mejor”. Pretende también superar la inequidad salarial que había en el sector hasta antes de 2007. Pues eliminará las grandes diferencias entre los sueldos,  por ejemplo, de los servidores públicos de servicios o de los funcionarios de apoyo.

Al nivel macro, los cambios van de la mano con la modernización de los servicios en distintas entidades. El tamaño del Estado se redujo con la eliminación de algunas dependencias y con la reestructuración de otras. Así, se han dado de baja y transformado 88 entidades que no tenían competencias claras o que estaban duplicadas sus funciones. Ello sobre la base del rediseño institucional y la descorporativización de las instituciones

Creadas 29 entidades en estos cuatro años

Los cambios persiguen 3 metas fundamentales en el Gobierno Por Resultados (GPR): transformar el 100% del organigrama institucional, implementar el 100% del esquema de regulación y control en sectores estratégicos  y Superintendencias, y culminar el proceso de cambio en los Ministerios de Cultura, Salud y Coordinador del  Conocimiento y Talento Humano; esto hasta diciembre de 2011.

De 2007 a lo que va del año se han creado 29 entidades públicas con estructura institucional, frente a la eliminación de 38 instituciones y la transformación de 50 que no tenían competencias claras o duplicaban funciones. Entre los organismos suprimidos están: Ministerio del Litoral, Secretaría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Secretaría de Solidaridad Ciudadana, Secretaría Técnica del Comité de Consultoría, Instituto Nacional de Riego, Instituto Nacional Galápagos, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario,  Consejo Nacional de Modernización, Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, Comisión Nacional de Conectividad, entre otros.  

Las instituciones transformadas son: Ministerio Coordinador Desarrollo Social, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio del Deporte, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Inteligencia, Secretaría Nacional del Agua, Secretaría Nacional del Migrante, Secretaría Nacional de Comunicación, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Instituto de la Niñez y la Familia, Instituto Ecuatoriano de Normalización; Instituto Nacional de Contratación Pública y otros.