La responsabilidad ulterior de los periodistas y de los medios forma  parte de los puntos polémicos que se analizan para ser incluidos en el texto de la Ley de Comunicación que será tramitada, en segundo debate, por la Asamblea Nacional.

En la Constitución vigente el artículo  18 establece que:  “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: literal  1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”. Además en el Art. 384 señala que:   “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información,  la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana”.

El tema de la responsabilidad ulterior compete a toda la sociedad, según Romel Jurado, investigador en Derechos de la Comunicación, quien cuestionó a periodistas profesionales y a los propietarios de medios, por no saber responder sobre las finalidades y derechos al momento de ejercer la función de recabar información y de transmitirla a la sociedad. Toda la responsabilidad del actuar de los medios depende de como se entiendan los  deberes que debe cumplir como medio de comunicación, sostuvo.

Jurado aclaró que la falta de una respuesta concreta ha  provocado el extravío de muchos periodistas y sus propietarios, lo que concluye en las pérdida de muchas libertades. “La responsabilidad tiene que ver con el relato social,  para que los ciudadanos tomen decisiones”. Así afirmó que la  calidad de información ayuda a devolver la confianza en los medios de difusión de información.

Según Mauro Andino, presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional,  una libertad de expresión vigorosa es la base y esencia de una sociedad. “La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido por un conjunto amplio y efectivo de garantías” y agregó que también implica una serie de deberes y obligaciones especiales dirigida, fundamentalmente, a los actores de la comunicación y periodistas, así la prohibición de la censura previa y la responsabilidad ulterior se complementan.

Para el legislador, una sociedad democrática necesita de una ciudadanía que tenga interés en informarse y debatir;  de un Estado que respete y promueva las esferas de libertad del individuo y la sociedad, con la complicidad de  una prensa responsable, consciente de su importancia en la formación,  de la opinión pública y se apropie de sus  deberes con relación al ejercicio de la libertad de expresión.

Mauro Cervino, coordinador del Programa de Estudios de la Comunicación de la Flacso, acotó que hay una confusión perversa entre libertad de expresión y libertad de prensa, ya que son conceptos diferentes. La libertad de prensa es opuesta a la libertad de información y viceversa.

Para Cervino, quien  posee una frecuencia tiene un privilegio que otros no tienen, así que es imposible pensar en democratizar la asignación de frecuencias, ya que los administradores de una frecuencia tienen la posibilidad de  decir lo que otros no pueden decir.

Aclaró que la libertad de expresión implica a todos los ciudadanos y entrega responsabilidad a quienes deseen  informar. Aseguró que es mejor hablar de la irresponsabilidad del periodismo y de lo que no se dice, de todo cuanto se oculta, ya que invisibilizar la realidad cuenta, como también el no saber  a qué  audiencias  se dirige  el mensaje.
Cervino dijo que la responsabilidad está en todas las personas que se encuentran bajo el flujo de la información y muchos de esos contenidos son  irrelevantes, es decir, que  no existen condiciones adecuadas para un canal de datos  para toda la sociedad.

Isabel Ramos, profesora investigadora de Flacso Ecuador, aseveró que es  importante   que los   periodistas en ejercicio  presenten sus puntos de vista sobre la realidad del oficio en el país, tomando en cuenta que en la discusión de la normativa, los comunicadores no han tenido una participación activa, por una u otra razón,  pese a  ser actores claves de la construcción de esta ley que se debate en el Legislativo.

César Montúfar, miembro de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea, hizo hincapié en que la responsabilidad de los medios está intervenida por el Estado y enfatizó que la verdadera democracia está en el debate de los  temas que atañen a la sociedad, con esto se garantiza que los asuntos públicos sean socializados. “La sociedad es democrática si es que la información no se restringe, pero el  derecho de la libertad de prensa está vulnerado”.

Montúfar insistió en que  hay que diversificar la  información y las voces para tener más libertad de comunicación y con ello se asegura que todo el pueblo se informe.

Los alcances sobre la ley se los evidencia en  debates y foros públicos que se desarrollan sobre el proyecto legal. Todos  giran en  torno a la discusión de cláusulas  específicas, vinculadas principalmente con la redistribución de las frecuencias radioeléctricas, la profesionalización de los trabajadores de prensa, la responsabilidad ulterior y el estatuto de los medios públicos.