Para hoy está previsto que Ecuador reciba oficialmente el informe de la troika (Cuba, Suiza y Congo) sobre la situación de los derechos humanos.

El reporte, que contiene las recomendaciones del grupo, ya está en manos de la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque hoy es el acto formal, ya se conocen los detalles del reporte. La ministra de Justicia, Johana Pesántez, quien preside la delegación ecuatoriana en Ginebra, recibió el documento el jueves pasado.

En la noche del mismo día, el informe se filtró. En la página de El Telégrafo está publicado completo el documento. El informe recoge 67 recomendaciones, que son menores a la de otros países. Por ejemplo, Suecia recibió 149 pedidos, Austria 161, Costa Rica 103 y EE.UU. 228.

El texto se divide en tres partes. En el primer grupo hay cuatro recomendaciones que son aceptadas totalmente por Ecuador para su implementación.

Los cuatro pedidos son sobre ratificación de convenios internacionales para aumentar las garantías para grupos de atención prioritaria.

En el segundo apartado, el más grande, se ubican recomendaciones que “cuentan con el apoyo de Ecuador, al ya encontrarse en ejecución o en proceso de implementación”.

Entre los puntos más destacados constan aumentar el presupuesto público en el sector social, erradicar el trabajo infantil, continuar con el proceso de inclusión a las personas con discapacidad, entre otros.

Contrariamente a lo que se informó inicialmente, en el grupo de sugerencias que Ecuador acoge también hay temas sobre libertad de expresión y comunicación.

Por ejemplo constan garantizar la independencia de los medios de comunicación, proteger a los periodistas contra el acoso y adaptar la legislación sobre la difamación y el insulto bajo las normas internacionales. En la última sección están las “recomendaciones que no tuvieron el apoyo de Ecuador”. Son básicamente tres.

La primera es reformar la legislación vigente para ponerla de acuerdo con las normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sobre este punto, Ecuador explicó que el país se reconoce y se ajusta a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La segunda es “eliminar las leyes que penalizan la opinión”. El país contestó: “No podemos eliminar leyes que no existen”. Y se aclara que no se ha negado la visita de ningún relator de la ONU ni de la OEA.

La tercera trata sobre la consulta previa. “Establecer procedimientos claros de consulta a fin de aplicar el derecho libre de consentimiento a los pueblos indígenas”, reza el texto.

En este punto, Ecuador explica que en el país viven comunidades indígenas en estado de aislamiento voluntario, y que el Estado debe respetar esta situación y al mismo tiempo protegerlos. Y eso “torna inviable obtener su consentimiento”.