El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana estipula que todas las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, están obligadas a realizar una rendición de cuentas.

Se trata de un informe sobre su gestión en donde detallan a la ciudadanía sus logros y omisiones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es el organismo encargado de receptar estos reportes.

Pese a que es una obligación legal, el cumplimiento de la norma aún es bajo en el país. Según un informe del Cpccs, solo 19,14% de las entidades ha realizado esta gestión.

Los asambleístas son las autoridades que más han obedecido la ley. Ellos tienen un nivel de cumplimiento del 79,83%. Todo lo contrario ocurre con las gobernaciones, donde la cifra baja al 4%. Las Juntas Parroquiales y las empresas públicas también poseen números bajos.

Tatiana Ordeñana, consejera del Cpccs, explica que en el país aún no hay una cultura de rendición de cuentas. “Los funcionarios públicos no han comprendido que todas sus acciones deben ser conocidas e informadas. Todavía existe una cultura de ocultamiento de la información”, indica.

Ella agrega que la situación se complica cuando las rendiciones de cuentas son incompletas. Añade que muchos de los documentos carecen de información valiosa que necesita la ciudadanía o los veedores.

El artículo 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece las características que una rendición de cuentas debe tener.

La norma establece que los reportes deben incorporar el cumplimiento de los planes, proyectos, objetivos y plan estratégico de la entidad; la ejecución del presupuesto, acatamiento de las recomendaciones realizadas por los organismos de la Función de Transparencia y Control Social, presentación de balances, entre otros requisitos. Las autoridades de elección popular deben publicar cuántas y cuáles promesas de campaña cumplieron.

Pero Ordeñana aclara que la mayor parte de la rendición de cuentas solo posee los dos primeros requisitos.

Para Marcela Miranda, presidenta del Cpccs, el problema radica en que la Ley del Consejo de Participación Ciudadana no establece sanciones para quienes no obedezcan la norma.

Sin embargo, aclara que cualquier persona o entidad puede solicitar que se abra un expediente administrativo contra el funcionario que no ha rendido cuentas. Esto en base a la Ley Orgánica de Servicio Público.

También destaca que los dignatarios por haber ganado elecciones son susceptibles de destitución si es que no acatan el mandato legal.

Tanto Ordeñana como Miranda concuerdan en que es esencial una amplia campaña informativa para que los funcionarios de todas las latitudes del país conozcan esta obligación.

Para ellas la rendición de cuentas es un mecanismo importante en la lucha contra la corrupción y la transparencia, una de las responsabilidades del Cpccs, según la Constitución de Montecristi. Y es que este organismo colegiado absorbió a la desaparecida Comisión de Control Cívico contra la Corrupción.

Miranda espera que en el corto tiempo se pueda elaborar un manual para la rendición de cuentas; de esta forma todos los ciudadanos tendrían acceso a la información.

Política pública

De hecho, actualmente el Cpccs elabora un “documento de política pública” contra la corrupción. Este texto aborda la rendición de cuentas.

Lucy Blacio, secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, explica que este texto ha sido elaborado conjuntamente con las organizaciones sociales y delegados de las entidades del Estado.

En ese sentido, en 2010 se realizaron cuatro talleres y en lo que va del año se han organizado otros tres. Allí, cada participante ofrece su punto de vista y se recoge las conclusiones.

Miranda espera que para el 9 de diciembre, fecha en que se celebra el Día Mundial contra la Corrupción, el texto esté listo luego de alcanzar consensos.

Una vez hecho esto, el documento será socializado en todos los niveles de la administración pública para que los funcionarios conozcan estas obligaciones.