El pleno de la Asamblea Nacional tratará mañana, en primer debate, las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El legislador  independiente Rafael Dávila será el encargado de exponer el proyecto que contempla asegurar el transporte formal desde y hacia los aeropuertos, tomando en cuenta que las estaciones aéreas se encuentran en cantones y parroquias rurales, por ejemplo las terminales de Quito, Catamayo, Santa Rosa y Manta.

Además, establece sanciones con prisión de seis meses a un año, suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo y multa de uno a tres salarios básicos unificados quien conduzca un vehículo de transporte público o comercial con llantas lisas o daños mecánicos previsibles.

En caso de que el dueño del vehículo y el conductor sean personas distintas, el propietario del carro será solidariamente responsable y sancionado con una multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general.

La operadora a la cual pertenece el carro con problemas será sancionada con un monto igual y además con la suspensión de hasta 90 días de su permiso de operación sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley.

La Comisión de Desarrollo Económico planteó el archivo del proyecto en virtud de que la propuesta ya fue recogida en el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, de iniciativa de varios asambleístas.

Además, ayer, se trató en primer debate la Ley Orgánica de Consulta Prelegislativa a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, la norma fue presentada por Lourdes Tibán, asambleísta opositora de Pachakutik.

El bloque de la oposición comentó que la consulta prelegislativa debe ser vinculante. Señalaron que es necesario normarla, pues consideran que este procedimiento está estrechamente ligado a la participación ciudadana.