La Asamblea Nacional dejó sin efecto el proceso de acreditación de héroes y heroínas que estaba bajo la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Bustamante, en la que se tramitó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Héroes y Heroínas, acogió la sugerencia de varios legisladores.

Cléver Jiménez, de Pachakutik, propuso anular la acción del Consejo de Participación y Marco Murillo, de Alianza Libertad,  pidió que sean las Fuerzas Armadas  y no el Cpccs el que defina la calidad de héroes.

De esa forma,  luego de más de un año de  vigencia de la Ley de Reconocimiento de los Héroes y Heroínas Nacionales (publicada en el Registro Oficial del 9 de marzo de 2011), los ex combatientes del Alto Cenepa, lograron ser tomados en cuenta para recibir beneficios de parte del Estado.

Ellos realizaron protestas en el Cpccs y en Carondelet para denunciar un supuesto perjuicio, pues exigían ser incorporados en la nueva normativa en calidad de ex combatientes.

El presidente Rafael Correa reiteró, en varias ocasiones, que no era lo mismo héroe y ex combatiente, pues la primera condición requiere de un sacrificio o acción excepcional, que escape del ejercicio de la función de una persona.

El problema surgió cuando se expidió la norma que  instaba al Ministerio de Defensa que, sobre la base del “Parte de Guerra”, elabore un listado del personal que asumiría la condición de héroe, el mismo que después de ser calificado por el Cpccs recibiría la acreditación correspondiente y beneficios del Estado. Entre ellos: vivienda y créditos.

La nómina, que incluyó a 1.400 personas, desató la ira de 9.000 hombres y mujeres que constaban en el parte militar, pero que quedaron fuera de los beneficios. Quienes más protestaron fueron 5.881 ex combatientes que estuvieron en la línea de fuego.

Así surgió la reforma legal, que contó con el respaldo de 97 legisladores y que -entre otras cosas- ratifica que serán considerados héroes  únicamente las personas que han realizado actos comprobados de valor que van más allá del estricto cumplimiento de su deber.

Los héroes saldrán del listado de 5.881 ex combatientes, luego de que una comisión del Ministerio de Defensa realice un análisis  para ver quién puede ser calificado como héroe.

El proyecto de ley también  establece que  los ex combatientes en servicio pasivo que previamente hayan recibido la certificación del Ministerio de Defensa por haber participado en  los conflictos bélicos del  siglo XX recibirán beneficios como becas, mensualidades y ventajas en concursos públicos.

Es así que las personas que sean acreditadas como héroes o heroínas y aquellas que participaron en el conflicto armado del Cenepa o hayan recibido la condecoración “Cruz de Guerra” serán acreedoras a  beneficios económicos.
En caso de que exista personal que por esta causa ya reciba bonificaciones no se les concederá una nueva.

Entre los beneficios a los ex combatientes se encuentran becas de estudio completas para ellos y sus hijos menores de edad y mayores de edad con discapacidad total o parcial, así como un 5% en el puntaje para que los ex militares sean considerados en cualquier concurso público de méritos y oposición. 

A estas bonificaciones se suman procesos de capacitación, atención gratuita en hospitales de las Fuerzas Armadas y del sector público, créditos de parte del sistema financiero estatal, exoneración del 50% en entradas a actos públicos, servicios básicos y transporte terrestre, aéreo y marítimo, y apoyo a proyectos vinculados con la economía popular y solidaria.

Asimismo, el proyecto legal dispone que los ex combatientes que reciban una remuneración o pensión del Estado tendrán una bonificación mensual equivalente al 50% de una remuneración básica unificada. Como el salario básico es actualmente de 292 dólares, ellos recibirían 146 dólares.

Además la iniciativa legal estipula que los ex combatientes no remunerados ni pensionados, pero que se encuentren en situación de  vulnerabilidad, recibirán una remuneración básica unificada mensual.

Si bien, los ex combatientes representados por Emilio González Ortega, José Jumbo y Juan José Llasha se mostraron de acuerdo con los logros alcanzados, consideran que falta aún más.

Ellos  esperan ser recibidos por el presidente Correa para que haga algunos ajustes al texto aprobado por la Legislatura. Quieren  que los beneficios no solo se otorguen a los ex combatientes en servicio pasivo, sino a quienes aún  se encuentran laborando y que las becas de estudio se concedan a los hijos mayores de edad hasta los 21 años y se elimine el término discapacidad.

También aspiran a que el personal que reciba una remuneración básica unificada mensual no solo sea aquel que se encuentra en estado de vulnerabilidad, sino todos aquellos que no perciban una remuneración ni pensión del Estado.

Piden participar en comisión

Mientras se ponen de acuerdo para solicitar la audiencia con el Mandatario, el pasado 9 de agosto, Llasha, como representante nacional de los ex combatientes de 1995, solicitó  al ministro de Defensa, Miguel Carvajal, que los dirigentes nacionales de su agrupación y los comandantes que estuvieron a cargo de los equipos de combate en la línea de fuego se integren a la comisión que realizará la verificación y análisis del “Parte de Guerra” para la calificación de los ex combatientes que serán considerados héroes.

Jumbo comentó que han sido asesorados por algunos asambleístas para lo que estiman es un “acto justo” y manifestó su interés de participar en la elaboración de una nueva nómina.

El dirigente aclaró que  Paco Moncayo es uno de los comandantes que debe integrar la comisión.

Según Jumbo, solo del grupo de ex combatientes del Alto Cenepa serían 77 personas que merecerían el calificativo de héroes, ya sea porque cayeron en batalla o porque fueron mutilados. Pero aclaró que primero hay que analizar las condiciones en las que se dio el incidente.

Bajo este escenario, solo se espera la respuesta del Ejecutivo para que la reforma legal entre en vigencia y transcurran 180 días para que se reforme también el reglamento, en lo relacionado al rol del Cpccs.

La asambleísta independiente Gioconda Saltos expresó su interés para que las autoridades realicen una auditoría a los beneficios otorgados por el Estado. Mientras Henry Cuji, quien presentó el 21 de julio de 2011 un proyecto de reforma a la ley, consideró que se hizo justicia con los ex combatientes, porque “no es un favor lo que piden”.
Posteriormente se tramitará una ley para los “Veteranos de Guerra”.