Con 81 votos afirmativos, 17 negativos y 5 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional se allanó ayer al veto parcial del Ejecutivo del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Previamente a esta votación, JuanCarlos Cassinelli, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto de reformas, propuso el allanamiento total a 4 de las 5 observaciones planteadas por el Primer Mandatario.

La primera hace referencia en el artículo 22 sobre la contratación de un servicio de transporte terrestre que es exclusivo de las operadoras debidamente autorizadas por el organismo de tránsito competente.

Con ello queda prohibida la contratación de servicios de transporte terrestre a personas naturales y de quienes oferten el servicio sin el título habilitante respectivo.

Por otro lado, en el artículo 31 del proyecto se crea el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, con el fin de garantizar la protección de las personas que se trasladan por la red vial. Esta entidad será administrada por otra determinada por el Gobierno Nacional, sobre la base de las normas y el reglamento respectivos.

En la disposición transitoria primera se allanó que en el plazo de hasta 365 días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT) implementará los procesos de evaluación de los aspirantes a conductores no profesionales.

En la cuarta objeción, se otorga 1 año para que el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) obtenga la autorización por parte de la ANT para la formación de los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales.

Desde su curul, Antonio Posso (Avanza) dijo que por impericia se producen los accidentes de tránsito y pidió énfasis en la capacitación.

Cassinelli señaló que el fin de la norma es asegurar la capacitación y actualización de conocimientos y evitar la inseguridad en las vías.