El presidente Rafael Correa desató ayer un debate regional durante su participación en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al exponer una durísima crítica a esta entidad.

Lo que para algunos medios fue un discurso “violento”, para otros fue poner el dedo en la llaga de algo que se venía debatiendo en los pasillos de los organismos regionales: revisar el sentido mismo de la OEA.

Correa viajó ayer a Cochabamba y abrió la sesión principal junto con su homólogo boliviano, Evo Morales. Ahí  dijo que la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deben “revolucionarse o desaparecer”, para adecuarse a los cambios políticos en la región.

Según el Jefe de Estado, los “procesos revolucionarios de Latinoamérica” están “cambiando la relación de poderes en función de las mayorías”, para acabar con Estados que calificó de burgueses, aparentes e incluso “de plastilina”.

Correa lamentó que el todavía principal organismo regional no tenga una instancia de Jefes de Estado. Y cuando comentó que en la cita participaban 63 observadores europeos, dijo que espera la invitación para que sudamericanos vigilen las cumbres de la Unión Europea.

Acusó a la OEA de ineficacia ante situaciones “coloniales” como la de las islas Malvinas, que son reclamadas por Argentina al Reino Unido, o el embargo de Estados Unidos a Cuba.

Tras esta descripción, habló sobre el funcionamiento de la CIDH, la cual aseguró está dominada por organizaciones no gubernamentales (ONG), países hegemónicos y los intereses del gran capital.

Como ejemplo explicó que la sede de la CIDH está en Washington, pese a que Estados Unidos no es signatario de la Convención de San José. Asimismo ese país es su principal financista, junto con la Unión Europea. “Se paga para controlar a los demás”, sentenció.

Para Correa, la CIDH “trata a los gobiernos democráticos peor que a los regímenes dictatoriales” que tuvo el continente en el siglo pasado.

Agregó que la CIDH posee ocho relatorías especiales, pero solo la dedicada a la libertad de expresión cuenta con presupuesto propio, alimentado por ONG internacionales.

“Es un riesgo para nuestras democracias. Muchas ONG defienden claros intereses”, acotó. Por eso, dijo que la CIDH actúa más como una ONG.

Cuestionó el hecho de que “Estados soberanos son llevados al banquillo de los acusados por ONG sin ninguna legitimidad democrática”. Citó el caso de la ecuatoriana Fundamedios, que presentó una acción contra Ecuador por el juicio que inició Correa contra diario guayaquileño El Universo.

En aquel caso la CIDH emitió medidas cautelares. El Mandatario dijo que ese mecanismo no existe, pues no está en la Convención de San José sino en el reglamento que la CIDH emitió sin consentimiento de los Estados.

“En el ámbito de los derechos se vive la satanización del Estado y la política pública”, por esas ONG que “por más que se definan como sin fines de lucro, tienen muy claros intereses”.

Debido a la celeridad con la que se trató el caso El Universo y a los privilegios que tiene la Relatoría de la Libertad de Expresión, Correa denunció la influencia en el Sistema Interamericano de los grandes medios de comunicación.

Fue allí cuando hizo un breve repaso a la historia de la prensa, la cual dijo nació como un poder ciudadano. Pero aclaró que con el paso del tiempo se corrompió y ahora “presiona al poder público y a los propios ciudadanos”. Un fenómeno que calificó de mundial.

Prensa

A los medios de comunicación los acusó de manipular, mentir e injuriar “día a día”. Según Correa, él y otros mandatarios son acusados de dictadores cuando no se someten “a los negocios de la comunicación”, pero la única dictadura es la de esos medios.

En América Latina “la prensa miente y manipula en nombre de la libertad de expresión”, dijo, y agregó que no son los Gobiernos los que atentan contra ese derecho, sino “la mala prensa”.

Por eso pidió luchar contra los verdaderos atentados a los derechos humanos. Citó el caso de los cinco cubanos presos en EE.UU., la situación de los migrantes en Europa, el calentamiento global y el poder de las farmacéuticas y medios de comunicación.

“No vamos a aceptar imposiciones”, aseguró Correa. Al mismo tiempo aceptó discutir la posibilidad de despenalizar las injurias, pero siempre y cuando se haga lo propio con las draconianas leyes antidroga, la pena de muerte, la tortura y los “lobby” (tráfico de influencias).

“Se acabó el neocolonialismo en la Patria Grande”, aclaró Correa al citar esos hechos. “La sombra neoliberal continúa, pero en el ámbito de los derechos humanos”, lamentó el gobernante.

“Es necesario transformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que esté al nivel de este legendario cambio de época”, insistió Correa.