La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) debe contestar una pregunta a la comunidad latinoamericana: ¿Qué entiende por respeto a la libertad de expresión? Con ella podemos pasar a la siguiente: ¿De qué modo la SIP contribuye a la democratización de nuestras sociedades sin que para ello ponga por delante los intereses empresariales de los periódicos a los que representa?

Si de la primera se desprende su confesión de que no es potestad ni patrimonio de los medios de comunicación la libertad de expresión, bien podríamos entender que la SIP ha superado su clásico discurso y ha pensado más en los ciudadanos. De lo contrario, queda claro, no tiene legitimidad ni autoridad para decirle a nuestras sociedades dónde están los valores y los principios democráticos. Y mucho menos de qué modo vamos a convivir para que no sean los medios ni sus empresas las que nos impongan la agenda mediática y tampoco lo que deben discutir y decidir soberanamente nuestras sociedades.

A la segunda pregunta le obligan varias premisas. La primera: nuestra sociedad, con soberanía y responsabilidad, no requiere de tutelajes corporativos ni empresariales. Hemos madurado lo suficiente para administrar nuestros conflictos y diferencias, nuestras prioridades y objetivos nacionales, como para que desde Miami  quieran diseñar nuestro futuro.

La segunda: la SIP no tiene precisamente la autoridad moral para decirle a América Latina qué es la libertad de expresión, pues desde sus autoridades y representantes, por ejemplo, han dicho que en la consulta lo que estaba en juego en el Ecuador era el control de la prensa, la imposición de mordazas y hasta que las publicaciones debían primero pasar por un control gubernamental. Tercero: la ciudadanía ha crecido en criterio y en participación, por tanto las élites no pueden mandar ni organizar su presencia desde la condición patronal, porque lo primero que tiene que reconocer la SIP es la fragilidad con la que ahora los periódicos actúan frente a la sociedad en vista de su pérdida de credibilidad y, por qué no, también de circulación.

La SIP sí debe preocuparse por la profundización de la democracia. Y para que lo verifique no debe guiarse sólo por lo que dicen sus afiliados en cada país, ellos son  un actor más y no necesariamente el más representativo de nuestras sociedades.

Debería dialogar con otros actores de la sociedad, revisar los hechos que han colocado a nuestros países por encima de los poderes fácticos y también advertir que los cambios culturales están construyendo nuevos relatos entre las nuevas generaciones, que no necesariamente están siendo leídos por los periódicos. 

La SIP nada ha dicho sobre las ofensas que ciertos medios han emitido contra las autoridades legítimamente elegidas y ahora quiere describir a nuestro país como el escenario donde un presidente “sólo insulta”, olvidándose que ese mandatario ha tenido que desvirtuar, día a día, las falacias, mentiras, tergiversaciones y hasta infamias, como la ocurrida con los supuestos correos electrónicos del guerrillero Raúl Reyes, que nos ocupó casi tres años sobre la base de una falsedad y que una Corte, no un periódico determinó.

¿Es responsable la SIP de que en Ecuador se hayan utilizado a figuras históricas como Tránsito Amaguaña, Eugenio Espejo y Leonidas Proaño como parte de su campaña en contra de la regulación de medios?

¿No fue una acción conjunta de los integrantes de la SIP hacer ese uso abusivo en todo el continente con figuras y líderes históricos a los que en su momento no les dieron espacio en sus páginas y hasta “condenaron”?

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, ha dicho que “la intención ulterior” del Presidente de Ecuador es que los medios "críticos se autocensuren”.

¿Podría afirmar lo mismo cuando uno de sus afiliados, el diario El Comercio de Lima, ya no puede contar con una de sus plumas, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, porque lo denuncia como el periódico de uno de los finalistas de las elecciones en Perú? ¿Ha dicho algo de eso? ¿Ha podido defender a los lectores de El Comercio por lo que denuncia el autor de La Guerra del Fin del Mundo?

En el Ecuador queremos una verdadera libertad de expresión, pero con responsabilidad, desarrollando y garantizando también el derecho a la comunicación, en un diálogo con toda la sociedad. Aquí nos interesa que cada actor cumpla con su función democrática y los periódicos no  reemplacen a la oposición política ni al Gobierno y mucho menos que sean el escenario para el ajuste de cuentas y la defensa de intereses particulares.