La comunidad indígena Sarayaku, asentada en el centro de la Amazonía ecuatoriana, expresó su satisfacción por la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado por la vulneración de sus derechos.

Ese tribunal, con sede en la capital costarricense, condenó a Ecuador por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios de los sarayaku sin consultar con las comunidades nativas que estaban opuestas al proyecto.

José Gualinga, presidente de la comunidad sarayaku, indicó en un comunicado que su pueblo se mantendrá atento para que la sentencia "sea cumplida y que los territorios de los pueblos indígenas sean respetados frente a actividades extractivistas dañinas, como la explotación petrolera".

"Sarayaku manifiesta su satisfacción por esta victoria", añadió Gualinga y recordó que el proceso empezó en 2003, cuando su comunidad presentó la demanda contra el Estado ecuatoriano ante el sistema interamericano de derechos humanos.

El tribunal, en su fallo, señaló que la concesión facilitada en 1996 por Ecuador a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) violó la propiedad comunal indígena y su identidad cultural.

A finales de 2002 e inicios de 2003, la petrolera, apoyada por agentes de las Fuerzas Armadas, ingresó sin consentimiento de los indígenas a su territorio para abrir trochas y llevar adelante acciones de exploración de yacimientos.

En esas operaciones, la compañía introdujo explosivos y taló áreas de bosques, donde se encontraban árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad.

Por ello, la Corte interamericana, en su fallo, ordenó al Estado ecuatoriano "neutralizar, desactivar y retirar" los explosivos (pentolita) instalados en el territorio sarayaku, donde viven unas 1.200 personas.

La CorteIDH impuso a Ecuador la obligación de consultar a los indígenas "en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio".

Ecuador deberá, como parte de la sentencia en su contra, organizar un "acto público de reconocimiento" de su responsabilidad en este caso.

En abril pasado, en un hecho inédito, miembros de la CorteIDH visitaron la zona de los indígenas sarayaku para conocer "in situ" el problema.

Allí, el Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reconoció la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos del pueblo sarayaku y dijo estar dispuesto a alcanzar un acuerdo de reparación.