El pasado martes 17 de septiembre, el Tribunal Arbitral de La Haya -que conoce la demanda presentada por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company en contra del Estado ecuatoriano- emitió un laudo parcial con el que se pronuncia sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Liberación firmado en 1995, en relación con las reclamaciones ambientales de terceros en contra de Chevron.

Según la multinacional, en ese fallo el tribunal concluyó que Chevron queda eximida del reclamo que hace Ecuador por supuestos daños al ecosistema.

Estas afirmaciones fueron rechazadas por el procurador General del Estado, Diego García, pues, según el funcionario, el Tribunal no formuló dicha determinación.

Según García, contrario a lo que expresa la transnacional en su comunicado, el Tribunal arbitral de La Haya no ha considerado –y mucho menos resuelto– las alegaciones de Chevron en cuanto a que la sentencia dictada por la Corte en Ecuador -dentro de un caso particular por daños ambientales en la Amazonía- sea fraudulenta y tampoco determinó, como manifiesta Hewitt Pate, vicepresidente de Chevron, “que los reclamos fraudulentos jamás debieron haber sido presentados”.

El 23 de septiembre de 2009, la compañía Chevron-Texaco presentó una demanda de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, amparado en una supuesta violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI), con la cual persiguen que el Estado ecuatoriano sea declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio, iniciado por comunidades indígenas en su contra por su operación en la Amazonia ecuatoriana.

“Si bien el Tribunal concluyó que Chevron es parte liberada bajo el Acuerdo mencionado, rechazó el argumento de la petrolera en cuanto a que dicho Acuerdo contenía implícitamente una cláusula eximente de responsabilidad o cláusula de indemnidad que, según la transnacional, responsabilizaría al Estado ecuatoriano por cualquier costo incurrido por Chevron o los efectos de cualquier sentencia dictada en su contra. En este laudo parcial, el Tribunal se abstuvo expresamente de emitir un pronunciamiento sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Liberación, reza un boletín oficial de la Procuraduría del Estado.

Con la emisión de este laudo parcial, afirma la defensa del Estado ecuatoriano, concluye la primera de las dos fases en las que el Tribunal inicialmente dividió el fondo de la controversia objeto del arbitraje.

La segunda fase se refiere a la acusación de Chevron-Texaco sobre una supuesta denegación de justicia del Estado ecuatoriano en su contra, al haber permitido la continuación del juicio de Lago Agrio, que según su criterio es fraudulento. Dentro de esta etapa el Tribunal ha previsto la realización de una audiencia que iniciará en enero de 2014.

El Procurador aclaró que la “defensa del Estado se reserva todos sus derechos respecto de las decisiones del Tribunal, particularmente por haber actuado sin competencia, aplicando un Tratado Bilateral de Inversiones que entró en vigencia mucho tiempo después que el inversionista saliera voluntariamente del país”.

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