Las autoridades informaron este martes sobre la detención de tres personas, entre ellos dos funcionarios del CNE, sospechosas de integrar una red dedicada a la falsificación de firmas para el registro electoral.

El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, explicó que en la ciudad de Quito se realizó esta madrugada el allanamiento de una vivienda en el barrio Ponciano (norte). "En ese lugar se detuvo a un servidor del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien presuntamente comercializaba la base de datos del padrón electoral".

Añadió que en el sitio se encontraron discos compactos con información del registro electoral, entre otros elementos que servirán como evidencia dentro del proceso.

El operativo se realizó de manera simultánea en Guayaquil, específicamente en Samborondón y en la ciudadela Sauces 8, donde en dos viviendas los agentes de criminalística encontraron formularios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), discos compactos con información del Registro Civil y agrupaciones políticas, cheques con datos, computadoras portátiles y memorias externas.

"Esto hace suponer la participación de dos personas que han sido ya detenidas en el ilícito que la Fiscalía investiga", manifestó Chiriboga, al señalar que no descarta más involucrados.

Dijo que la red operaba desde la capital, de donde se enviaba la información del padrón del CNE, vía internet, a dos intermediarios de Guayaquil, y ellos a su vez repartían estas fichas a otras personas que se encargaban de copiar los datos de filiación de los ciudadanos, de la supuesta alteración de firmas e, incluso, de huellas dactilares.

"Con esta información se comercializaban a distintas agrupaciones políticas que las presentaban como propias estas firmas en el CNE, para registrarlas y calificarlas en el proceso electoral", puntualizó el Fiscal General.

El funcionario agradeció la colaboración del Ministerio del Interior y de la Policía. También manifestó su satisfacción por este operativo, el mismo que busca resolver las tres presuntas irregularidades que se habrían cometido: la entrega de información falsa al CNE; la adulteración de rúbricas y demás información de carácter personal y privado de los ciudadanos, además de la venta ilegal de bases de datos.

Todas las evidencias en el caso están bajo cadena de custodia. La audiencia de formulación de cargos inició la noche de este martes con el fiscal Fabian Salazar y el juez José Miguel Torres quien dictó prisión preventiva para los tres acusados.