El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) solicitaron informes para determinar las presuntas anomalías y “favoritismos” que se habrían registrado en el concurso de méritos y oposición para la selección de varios jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En el caso del Cpccs, los consejeros Hugo Arias, Mónica Banegas, Marcela Miranda, Luis Pachala, Andrea Rivera y David Rosero Minda analizarán el informe final de la Veeduría Internacional (VI) a la Reforma de la Justicia en el Ecuador en la sesión del pleno de hoy, como cuarto punto del orden del día.  Mientras que el CJT espera que primero les llegue una evaluación que solicitaron para, en base a ello,  tratarla en una sesión del pleno.

Sin embargo, a partir de ese informe ya se han hecho públicos reclamos por parte de   opositores como Andrés Páez,  basándose en lo que dice  el documento de la VI, cuyo equipo lo integraron el ex juez español Baltasar Garzón (coordinador); Carolina Escobar (Guatemala); Marigen Hornkhol (Chile); Rafael Follonier (Argentina); Víctor Foressi  (Argentina); Daniel Gurzi (Argentina) y Porfirio Muñoz Ledo (México).

El Programa de Reestructuración de la Función Judicial del Ecuador se aprobó el 29 de septiembre de 2011,  sobre la base de 6 ejes estratégicos: talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil, infraestructura tecnológica, cooperación interinstitucional y gestión financiera equitativa, a ejecutarse en un plazo improrrogable de 18 meses. Tras la auditoría, los veedores emitieron en el informe importantes recomendaciones y conclusiones (ver subnotas de lo que señala cada eje).

De esos seis ejes, en lo referente a talento humano, la VI recomendó “transparentar la información de los concursos del CNJ; adopción de mecanismos idóneos para revisión de resultados de concursos de oposición y méritos para el ingreso al servicio judicial; reconsideración de la evaluación psicológica en los procesos de evaluación; y toma de nuevos exámenes a servidores judiciales”.

Páez, hace una semana en  entrevista en Ecuavisa, dijo que la invocación de Garzón en su informe final de la  VI  “es que en la CNJ se produzca una autodepuración, porque hubo jueces que no fueron elegidos por sus méritos, entre ellos: Wilson Merino, Mariana Yumbai,  Ximena Vintimilla, Paúl Iñiguez, Lucy Blacio y Wilson Andino, quienes -según él- fueron favorecidos en las  distintas etapas del concurso”.

“El CJT no puede seguir de alcahuete de estas irregularidades cometidas por ellos mismo. Por tanto, tienen que declarar cesantes a jueces que tienen impugnaciones en su designación. Esto es un escándalo de corrupción y fraude judicial promovido por la Judicatura  para nombrar una tercera parte de la CNJ con gente afín al Gobierno”, dijo Páez.

Ante esas y otras declaraciones, ese mismo día salió al paso Mauro Andino, asambleísta de Alianza PAIS y hermano de uno de los jueces (Wilson) que están entre los supuestos “favorecidos” del concurso. “Andrés Páez quiere generar caos y destruir a la administración de justicia”, opinó el legislador.

Garzón dijo a la prensa que ningún miembro de la VI recibió sugerencia, sugestión u orientación  de institución alguna o del Gobierno.

En el informe final firmado por Garzón, que es el producto de casi un año de trabajo, se destaca que el mecanismo de las veedurías pretende ser un observador imparcial que acompaña al proceso para poner de manifiesto todos los aspectos (positivos y negativos), para que alcance su finalidad de que el propio sistema de justicia quede reforzado. Se trata, en definitiva, de la “nueva justicia,  independiente, imparcial y sometida al principio de legalidad”.

La veedora Carolina Escobar también destacó que esta reforma es “fundamental, radical y se enmarca en un contexto de reforma de Estado y no de Gobierno”.

Para estructurar su informe final  la VI  se amparó en fuentes públicas y privadas de información respecto a la situación y realidad de la justicia en el país. Prestaron oídos y recogieron lo dicho y presentado, por ejemplo, por instituciones, colegios, asociaciones, plataformas ciudadanas, jueces, fiscales, políticos, asambleístas, Defensoría del Pueblo, autoridades nacionales, provinciales, así como de víctimas y familiares.

Sin embargo, los veedores temían  que habrían inconformes y, por ello, coinciden en señalar que están  conscientes de que su dictamen no será aceptado de igual modo por todos; pero resaltan que ha sido  desarrollado, incluso, con la colaboración de un equipo técnico de apoyo que durante casi un año ha investigado para conocer sin intermediarios las incidencias y realidad de la  justicia.

El informe, entre otros puntos relevantes, destaca que “la vulnerabilidad de jueces en el ejercicio de la jurisdicción puede tener su origen no solo en otros poderes del Estado, sino en sectores económicos corporativos, mediáticos y lo propio de quienes sometidos a esa jurisdicción pueden ejercer presión o amenaza para obtener resultados favorables a sus intereses”.

Pero se resalta que también puede tener un origen interno, a través de la puesta en marcha de mecanismos administrativos que afecten a la inamovilidad judicial y de la propia función disciplinaria que, si no es ejercida con respeto a la esfera jurisdiccional, se puede convertir en uno de los agentes más perniciosos contra la independencia judicial y  de la propia labor judicial.

Por ello se puntualiza que esta potencial injerencia debería ser eliminada y acogerse un sistema disciplinario pormenorizado, con cláusulas definidas y con prohibición expresa de la aplicación analógica en perjuicio del supuesto responsable.

Para el titular del Cpccs, Fernando Cedeño Rivadeneira, “basta con hacer un recorrido básico por los principios de los textos históricos para comprobar que el acceso igualitario a la justicia ha sido uno de esos sueños postergados por los pueblos y la humanidad”.

Según Cedeño, uno de los riesgos más grandes para la democracia es “que el pueblo que se rige a ella pierda confianza en sus instituciones, creadas para garantizar y regular la vigilancia de la misma”, por lo que este informe servirá para dar fe de la gestión que se realiza y para recuperar esta confianza.
 
En cumplimiento del mandato

El referéndum y consulta popular del 7 de mayo de 2011  fue la puerta para que, entre varios puntos, los ecuatorianos se pronuncien respecto a la necesidad de hacer reformas profundas en el sector justicia, lo que fue refrendado y de allí que el Gobierno ha venido dando viabilidad a la “orden del soberano”.

De los votos válidos emitidos en ese referéndum y consulta, el 53% de ecuatorianos refrendó la reforma judicial propuesta por el Gobierno de Rafael Correa, con el  objetivo principal de: evitar la impunidad, erradicar el excesivo uso de la prisión preventiva, garantizar la competencia a los juicios penales de los procesados, reformar el Código Penal, sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica de transición por un lapso de 18 meses, y modificar la composición del Consejo de la Judicatura.

Ese proceso de cambio estructural  era necesario, según coinciden fuentes gubernamentales y juristas, para consolidar una justicia independiente, social, solidaria, imparcial, democrática, equitativa, intergeneracional, transnacional, oportuna y transparente, sustentados en los mandatos populares, constitucionales y en el Plan Nacional del Buen Vivir.

La VI abordó el análisis de la reforma judicial en su contexto general, dentro de una óptica de política pública de Estado, como un proceso inédito en América Latina, donde no se ha buscado aplicar una receta diseñada fuera del país o copiada, sino de un camino formulado desde la población a partir de la aprobación de la voluntad colectiva   y de la voluntad política para colocar ingentes recursos económicos, técnicos y administrativos.

Pese a que ya se entregó el Informe Final, la Veeduría dice que no ha clausurado la posibilidad de escuchar reflexiones y sugerencias directas e indirectas que fortalecen la calidad y sustentación de sus recomendaciones o exhortaciones.

Como el informe no es vinculante, los miembros de la Veeduría esperan que los aportes más relevantes y significativos sean considerados en la agenda de asuntos públicos de los diversos poderes del Estado, especialmente el Legislativo, aunque otras contribuciones de esas conclusiones podrían ser partes de acciones ejecutivas y administrativas.

Reestructuración articulada

El Programa de Reestructuración se conforma con 5 proyectos de inversión articulados entre sí, a ser ejecutados entre 2011 y 2013, que comprenden: diseño e implementación del nuevo modelo de gestión; diseño e implementación del sistema integral de gestión de talento humano; creación y mejoramiento de la infraestructura civil judicial ajustada al nuevo modelo de gestión de la justicia; proyecto de infraestructura de tecnologías de información y comunicación; y diseño e implementación de procesos integrales de comunicación institucional de la Función Judicial.

El programa cuenta con un presupuesto  de $ 595871.329,82 financiado en su totalidad con recursos fiscales.

Ante la necesidad de introducir los cambios y resolver la situación de la justicia en el Ecuador, el presidente del CJT, Paulo Rodríguez,  solicitó al Primer Mandatario declarar el estado de excepción de la Función Judicial, lo que fue decretado por 60 días, desde el 5 de septiembre hasta el 4 de noviembre de 2011, mediante Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial 531 del 9 de septiembre de 2011.