Mediante Decreto Ejecutivo 1395, el Presidente de la República, Rafael Correa,  efectivizó el aumento de $15 en el  Bono de Desarrollo Humano (BDH)  y pensiones asistenciales,   para lo cual el Ministerio de Finanzas realizará las acciones que sean necesarias a fin de que los montos requeridos en la implementación del  Decreto Ejecutivo se incluyan en el Presupuesto General del Estado.

Es decir que, aproximadamente 1, 9 millones de ecuatorianos que reciben el Bono de Desarrollo Humano y pensiones para  adultos mayores y personas con discapacidad desde este mes perciban $50 mensualmente.

El aumento de $15 dólares se hizo efectivo luego de que  noviembre pasado la Asamblea Nacional aprobada la reforma a la Ley de Redistribución para el Ingreso del Gasto Social solicitada por el presidente Rafael Correa.

Este incremento a parte de reforzar las demandas de las familias ecuatorianas más vulnerables fortalece el compromiso de  corresponsabilidad que tienen sus beneficiarios,  lo que llevará a tener niños, niñas y adolescentes escolarizados y con mejor salud.

Hasta el 10 de diciembre del 2012, el Bono de Desarrollo Humano (BDH) atendió a  1 902 499 ecuatorianos. Por otra parte, la pensión para adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad atendieron a 588 852 y 118 698  personas, respectivamente.

El Bono de Desarrollo Humano busca ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega de compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Entre sus principales objetivos se encuentran: garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo, incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en educación y salud; lo que permitirá contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica, promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua a clases de niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, las pensiones asistenciales son subprogramas del Bono de Desarrollo Humano y están destinadas a la atención de los adultos mayores y las personas con discapacidad.

La pensión para adultos mayores es una transferencia monetaria que atiende a las personas mayores de 65 años que, por distintas razones, no han accedido a la Seguridad Social. Esta transferencia no está condicionada, tiene la modalidad de una pensión jubilar y busca garantizar un nivel mínimo de consumo a los adultos mayores.

Por otra parte, la pensión para personas con discapacidad es una transferencia monetaria mensual dirigida a la atención de las personas con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 40%. Este es definido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), y certificado a través de un carné.

Durante el 2012, el Gobierno Nacional ha incluido progresivamente en esta pensión a nuevos ciudadanos y ciudadanas, garantizando la jubilación universal mencionada en el artículo 37, numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador.