La Asamblea Nacional arrancó esta mañana con el primer debate sobre el pedido del presidente Rafael Correa para extraer el crudo de los bloques 31 y 43 del Yasuní. La sesión se instaló con 122 asambleístas presentes en el pleno.

Al inicio de la sesión se leyó el informe de la  Comisión de Biodiversidad que ratificó la exclusión de esta declaratoria de interés nacional a la Zona Intangible Tagaeiri-Taromenane, delimitada mediante Decreto Ejecutivo No.2187, publicado en el Registro Oficial 1 de 16 de enero de 2007, que concibe un 10% del campo Ishpingo.

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, recibió en comisión general a los representantes de las juntas parroquiales.  Carlos Chillán, presidente del  Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales rurales (Conagopare), dijo que los gobiernos rurales quieren ser parte del desarrollo, "amamos la vida, defendemos la biodiversidad y por ello valoramos sobre el buen vivir dentro de su ruralidad".

Chillán confesó que son conscientes de que todo proceso extractivo puede provocar contaminación, pero aclaró que "ya no son tiempos de los contratos destructivos como los de Chevron",  a la vez que alertó que los pueblos necesitan servicios de agua, alcantarillado, obras viales, escuelas y hospitales.  "Hemos llegado a ser pobres, por el olvido y quemeimportismo que no dejaron que contemos con servicios básicos como alcantarillado".

Carlos  Viteri Gualinga, presidente de la Comisión de Biodiversidad, precisó que los países del mundo entero no aceptaron la  corresponsabilidad que propuso Ecuador y a que a esos países "no les interesa que se cumpla con los derechos de los pueblos, que alcancen el Buen vivir, y asuman el Sumak Kawsay asumiendo su identidad".

Viteri comentó que se recibieron los  informes de los principales ministerios, entre ellos, Ambiente, Política y Recursos no Renovables. Y se analizaron los informes de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados,  Justicia, Régimen Económico, en donde se asegura la entrega de recursos, principalmente, para  las poblaciones que habitan en el lugar.

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que dan un sí a la iniciativa porque cumple con la Constitución y la ley. "Vamos a poner en juego el presente y el futuro del pueblo ecuatoriano, porque muchos gobiernos han subordinado el pedido del pueblo ecuatoriano, garantizaremos  el Buen Vivir". Con el pedido del Ejecutivo, según Andino, "se mejorará la calidad de vida y esperanza de los ecuatorianos".
 
Andino dijo que no es partidario de la consulta previa de la Asamblea porque esta  debe hacerse por las autoridades ejecutoras en el caso de  proyectos de explotación y comercialización de recursos.

"No se nos puede atacar  el delito etnocidio, porque se documenta y argumenta todo". Sostuvo que los  ingresos son fuentes de financiamiento para el Estado y que son necesarios para las transformaciones del país. Detalló que el artículo 407 de la Constitución es claro y establece la manera como se levanta la prohibición para actividades extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles.

Juan Carlos Casinelli, presidente de la Comisión de Régimen Económica, manifestó que la mesa legislativa recomienda incluir que Petroamazonas asegure el cumplimiento de estándares tecnológicos para la explotación. Dijo que la peor "amenaza es la pobreza". Recordó que el manejos de esos recursos no corresponderán a este gobierno, sino a gobiernos futuros, por ello "los presupuestos y exigibilidad tendrán que canalizarse". Afirmó que Pabel Muñoz, secretario de Senplades, precisó que "cualquier dólar nuevo es bueno, porque coadyuva al Plan Nacional del Buen Vivir y nutre proyectos de inversión".      

En el informe de la Comisión de Biodiversidad se expresa la necesidad de que el Ejecutivo instaure un sistema de monitoreo integral por niveles de los impactos que las actividades extractivas autorizadas generen sobre las personas, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el ambiente en el Parque Nacional Yasuní. Así, también, el Ejecutivo debe implementa con la participación de centros de investigación y académicos, nacionales e internacionales, un programa de investigación sobre el patrimonio cultural, biológico y la biodiversidad existente en el lugar.

La Asamblea Nacional, en el informe, ratificaría el planteamiento del Gobierno Nacional que estos recursos sirvan para el cambio de la matriz productiva; construir la sociedad del conocimiento, lo que implica que los recursos vayan a educación, investigación ciencia, tecnología y salud. De la misma forma, solicitan que estos, recursos sirvan para el desarrollo territorial con propuestas de servicios públicos.

Finalmente, la mesa pide que el Ejecutivo informe en forma semestral sobre el cumplimiento de esta resolución especial en los ámbitos económico, técnico, social, ambiental y de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Afirman que la Asamblea Nacional, a través de las Comisiones que participaron en la elaboración de los informes de sustento de esta resolución especial, dará seguimiento al cumplimiento efectivo de la resolución.