El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, pidió hoy a la Corte Constitucional ecuatoriana mantener la justicia indígena, que permite a las comunidades juzgar a acusados.

Ese tribunal analiza la práctica, mientras que el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y libertades, James Anaya, pidiese definir su jurisdicción de la justicia indígena y alertase de que ésta no puede vulnerar los derechos humanos.

Cholango recordó que Ecuador está declarado como estado plurinacional y sociedad intercultural "y debe tener ese espíritu sin poner limitaciones, más bien tratando de respetar las prácticas que vienen desarrollando estos pueblos y promover la aplicación del ejercicio de la administración de justicia".

"Ningún derecho puede retroceder, si limitan (la administración de justicia indígena) sería un retroceso y ahí habría reacciones del movimiento indígena", dijo a Efe Cholango, al señalar que si ello ocurriera analizarían instancias internacionales de reclamo.

El estudio por parte de la Corte Constitucional, que comenzó esta semana, se dio a raíz del caso denominado "La Cocha", en el que cinco indígenas ya juzgados por la justicia ancestral por un caso de asesinato fueron también sometidos a un proceso penal por la justicia ordinaria, estuvieron detenidos un año y ahora están en libertad condicional, según Cholango.

El presidente de la Conaie, que es la mayor organización indígena del país, explicó que rechazan el doble juzgamiento por un mismo caso y recordó que la Constitución ecuatoriana "garantiza el ejercicio de la administración de justicia indígena y da jurisdicción y competencia a las autoridades indígenas".

"Para nosotros está claro que solamente la Corte Constitucional puede revisar las sentencias que emitan las autoridades indígenas", señaló, al apuntar que están a la "expectativa" sobre la decisión del organismo.

Cholango considera que la justicia indígena es "reparadora, que hace cumplir, comunitaria y que rehabilita, no solamente sanciona" y dijo que entre las prácticas figuran la purificación con agua, limpia de malas energías, sanción económica o trabajo comunitario, entre otras.

Anaya abordó el tema en una videoconferencia con asambleístas y organizaciones sociales esta semana.

"Es necesario definir el alcance de la competencia de la jurisdicción indígena", señaló Anaya, quien insistió en que la justicia indígena "en ningún caso" puede violar los derechos humanos internacionales.

También expresó que la normativa debe abarcar materias como el alcance de la jurisdicción indígena y sus competencias en el ámbito personal, material y territorial y principios como el debido proceso, informó la agencia pública Andes.

Añadió que Anaya recordó que algunos países de América, como Perú y Bolivia, han avanzado en la creación de leyes en materia de justicia indígena, mientras que EE.UU. reconoce la justicia indígena, con sus propios códigos y tribunales, pero está limitada por las leyes federales.

Cholango expresó su esperanza de que haya la "sabiduría, tranquilidad, madurez y, sobre todas las cosas, conocimiento para que la Corte Constitucional dicte una sentencia que transforme la justicia en el país".

En su opinión, con este caso, este tribunal puede sentar antecedentes históricos y jurisprudencia "en el ejercicio la compatibilización de la administración de justicia indígena y ordinaria".

Aunque ve "riesgos" en el análisis que realiza la Corte, prefiere que se cierren las "interpretaciones" que se han tejido sobre el ejercicio de la administración de justicia en el país.

Opinó que debe haber una "coordinación" en la administración de justicia indígena y ordinaria y apuntó que en este tema se debe buscar una "reconciliación" del país hacia la "unidad".