Joffre Aroca Melgar, de 60 años,  lleva diez años buscando justicia por lo que él considera un caso de lesa humanidad en contra de su hijo que también se llamaba Joffre, cuyo cuerpo fue hallado el 27 de febrero de 2001 con signos de haber sido torturado y asesinado.

Ante la inacción por parte de la Corte Provincial de Justicia, Aroca presentó su caso ante la Comisión de la Verdad, organismo creado en el gobierno del presidente Rafael Correa, que investigó los casos de violaciones a los Derechos Humanos entre 1984 y 2008.

En el relato, el padre de la víctima explicó que ese día su hijo se encontraba con unos amigos en la esquina de las calles 17 y Alcedo esperando a que arribara el bus que habían fletado para un viaje a la playa. Minutos después pasó un  patrullero de la Policía Metropolitana  con el distintivo “Más Seguridad”, que les solicitó sus documentos personales, los cuales fueron entregados por los jóvenes.

Veinte minutos después, el mismo vehículo regresó y los policías metropolitanos volvieron a exigir los papeles de identificación, lo que motivó el enojo de Joffre Aroca Palma, en ese entonces de 21 años,  por sentirse acosado por las autoridades. Un metropolitano y un agente de la Policía Nacional procedieron a agredir y a detener a Aroca Palma.

Según la versión recogida por la Comisión de la Verdad, el padre de Joffre Aroca relató los sucesos subsiguientes de esta manera: “Los policías se dirigieron con dirección al estadio de Barcelona, hicieron parar la camioneta, lo llevaron (a Joffre Aroca Palma) atrás del estadio, regresó un policía y el oficial (subteniente Carlos Rivera) se quedó con mi hijo. Se oyó un tiro, (…) a los tres o cuatro minutos regresa trotando el oficial a la camioneta y uno de ellos le pregunta: ¿Qué pasó con el detenido? El responde: ¡Di un disparo y lo hice huir!. Se subieron a la camioneta y se van a la PJ (Policía Judicial)”.

El informe relata que recién al enterarse de que su hijo no se había ido en el tour con sus amigos porque había sido detenido por la Policía, su padre se trasladó a la Policía Judicial y a hospitales, sin encontrarlo.

Una tía del joven afirma que horas más tarde, “a las tres de la tarde se acercó una camioneta a preguntar dónde vivía la familia Aroca. Yo estaba en ese momento ahí, y les dije: ¿Qué pasa?¡Yo soy familia Aroca! Me dijeron: ¡Hay un joven en la morgue! Me sorprendí. ¿Cómo es eso? Y me responden: ¡Está en la morgue un joven de nombre Joffre Antonio Aroca Palma!”.

Se trasladaron a la morgue y constataron que efectivamente se trataba del cuerpo sin vida de su familiar. Pudieron observar que el cadáver tenía un disparo de arma de fuego y hematomas en el rostro, signo de que había sido golpeado.

Agente libre al dilatar el proceso

De acuerdo a los informes de la Policía Judicial del Guayas se pudo establecer que en el patrullero se encontraban asignados el subteniente Carlos Rivera Enríquez, el policía nacional Édison Patricio Yépez Espín, el policía metropolitano José Francisco Bone Franco y, como conductor, el civil Willer Keller Lara Valencia.

El 2 de marzo de 2001 se presentó la denuncia por el delito de asesinato ante el Juzgado Quinto de lo Penal del Guayas. El 25 de junio, el Fiscal Quinto de lo Penal acusó a José Francisco Bone Franco y Willer Keller Lara Valencia como encubridores. El oficial Carlos Rivera fue puesto en prisión preventiva y recluido en un cuartel policial. Al poco tiempo escapó, pero fue recapturado. Sin embargo, al año de prisión preventiva salió libre por la dilatación del proceso. Estando en libertad le fue notificada la sentencia condenatoria de ocho años de reclusión, pero hasta el momento no ha podido ser capturado.

“Justicia no cumplió su papel”

Joffre Aroca confiesa, después de diez años, haber perdido las esperanzas de encontrar justicia por la muerte de su hijo en las cortes del país. Por este motivo acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre la actuación de los magistrados en este caso, comenta sentirse decepcionado porque la justicia no cumplió con su papel de castigar a los responsables. Según él, hubo corrupción, porque se permitió que los acusados dilataran el proceso para poderse acoger a la caducidad de la prisión preventiva. “Al principio de la causa solo fue papeleo, porque nunca fueron citados los metropolitanos cómplices de la muerte de mi hijo. Por mis medios tuve que insistir en otras áreas judiciales para que los detuvieran”, indica Aroca.

De la misma manera, acusa al IV Distrito de Policía de haber impedido castigar a Carlos Rivera y de haber dado las facilidades para que saliera libre al año de prisión. “A ese agente lo juzgó también una corte policial, pero al día siguiente de haber cumplido el arresto de ley salió en libertad”, indica el padre de la víctima.