Las 274 unidades de Policía Comunitaria (UPC) que tiene el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) contarán con ocho uniformados cada una: cuatro saldrán a rondar los barrios y los otros cuatro estarán prestos para atender situaciones de emergencia.

Para este propósito, ayer fueron incorporados 250 efectivos policiales más, quienes están destinados a 30 circuitos o zonas en donde los índices dan cuenta de mayor presencia delincuencial.

La incorporación  forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Central y las autoridades de la capital, expuestos en la reunión del pasado jueves, en la que también se acordó declarar como prioritaria la situación de seguridad del DMQ.

El alcalde de la ciudad, Augusto Barrera, pidió a los gendarmes apertura al trabajo estructurado que tiene  el Consejo de Seguridad del Cabildo. “Esto implica un mejoramiento en la atención en los barrios de los 30 circuitos”.

Aclaró que se cualificará el trabajo sistematizado con los comités barriales de seguridad, con quienes  planificará su desempeño y  coordinará las horas y las calles de  patrullajes en los barrios considerados  más conflictivos.

Cada semana un representante de la UPC rendirá  cuentas al Consejo de Seguridad de las diferentes zonas y a la ciudadanía  sobre cuáles son las acciones operativas que se han dado y el resultado específico.

Para cumplir con esta misión  se implementará un mecanismo permanente y semanal de rendición de cuentas. Para ello se tendrá personal específico destinado a las tareas de coordinación operativa.

El Comandante de Policía del DMQ, Juan Carlos Rueda, recalcó que los uniformados  trabajarán mancomunadamente con los  moradores para afincar el sistema de seguridad en los distintos barrios que requieren de mayor atención por el alto índice de delitos que presentan.

Según el  ministro del Interior, José Serrano, se ha pasado de una policía militarizada a una entidad civil, comunitaria, armada, con el  objetivo de guardar  el orden interno constituido. “No necesitamos policías en los cuarteles, sino una entidad que esté en las calles, con los moradores, para que restablezca su confianza con los ciudadanos”, dijo.

En lo referente a la organización barrial, sostuvo que su trabajo es clave en el combate de la inseguridad y si el Municipio necesita de más apoyo, el Gobierno se lo entregará.

Para Serrano es primordial trabajar en una  agenda estratégica de seguridad y gobernabilidad, que abarca un plan de previsión, prevención y de respuesta, donde están todos los temas operativos de la Policía Nacional y también los temas que hay que coordinar con el Sistema Judicial, como un nuevo Código Penal y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana.

Barrera reiteró la  necesidad de movilizar a  las administraciones zonales y custodiar las unidades educativas, donde inicia el expendio de droga, estableciendo horarios para realizar el  monitoreo respectivo entre los moradores y con la ayuda de los representantes de  los comités barriales.