El peligro de  un fuerte aguaje en el perfil costanero de Sudamérica que da al océano Pacífico obligó a los países a tomar acciones para evitar la pérdida de vidas humanas.

A mediados de la semana pasada las condiciones de los vientos y del mar ocasionaron la advertencia de los meteorólogos quienes pronosticaron olas de hasta cinco metros en la costa.

En Perú, por ejemplo, más de 350 pescadores artesanales que conforman el Sindicato de Pescadores de Chorrillos evitaron ingresar al mar durante el oleaje anómalo, por el peligro que representaba para su seguridad y la de sus embarcaciones.

Por el mismo fenómeno, el Gobierno chileno ordenó el cierre del puerto de Arica, considerado la principal terminal de exportación e importación de Bolivia.

Una medida similar se aplicó en  Iquique, el mayor puerto pesquero de Chile. También se suspendieron las actividades en Patache y San Antonio, este último puerto con una capacidad de transferencia de carga de 12,2 millones de toneladas, por lo que es la primera terminal marítima del país sudamericano.

Asimismo, los puertos de Antofagasta, Tocopilla, Huasco, además de otros seis, se cerraron para embarcaciones menores. Mientras duró la alerta temprana, Chile paralizó sus puertos más grandes por la posibilidad de que el oleaje supere los 4 metros de altura.

Protesta

El oleaje coincidió en el país con el feriado del 10 de Agosto, el cual inició el viernes pasado y terminó el domingo. El anterior miércoles, en la noche, la Secretaría de Riesgos declaró la alerta naranja en el perfil costanero del país y suspendió las actividades acuáticas, como pesca, avistamiento de ballenas, deportes marinos. Además, se prohibió a los bañistas el ingreso al mar.

La Secretaría de Riesgos nunca cerró las playas y para el mediodía del viernes la alerta pasó de naranja a amarilla. Únicamente en Jambelí, en la provincia de El Oro, se ordenó la evacuación de la playa, debido a que esta isla, en anteriores ocasiones, ha sufrido graves daños materiales por el aguaje.

Por las medidas de prevención, empresarios turísticos de las provincias costeras han criticado al Gobierno. Según versiones de prensa, las pérdidas en Santa Elena bordean el millón de dólares.

El sector turístico de estas zonas supuestamente pedirá una indemnización al Estado de alrededor de 10 millones de dólares.

Según algunos líderes gremiales, las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional tuvieron como objetivo favorecer al turismo en las ciudades de la Sierra.

Las autoridades ahora se defienden. El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) indicó que, al menos en los últimos tres años, es la primera vez que se registran estos vientos y olas del sur, condiciones que favorecen el fenómeno del aguaje.

Un documento remitido a este diario por parte de la Presidencia de la República  establece que la declaratoria de alerta naranja no tuvo cálculos políticos, sino que fue una decisión fundamentada en la información proporcionada por los organismos que integran el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

Además, aclara que la Secretaría de Riesgos actúa con la intención de precautelar la vida humana y que hasta hace poco tiempo las políticas de  prevención de desastres en el país eran inexistentes.

El texto también indica que el Inocar trabaja con sistemas de detección que generan alertas sobre el nivel del mar y los oleajes. Aunque especifica que las certezas, a veces, pueden llegar muy tarde.

“En todo sistema de manejo de riesgos se da prevalencia a las vidas humanas y, si existe la posibilidad de un riesgo, se recomienda la evacuación”, añade el comunicado.

De hecho la Constitución estipula como uno de los deberes del Estado el cuidado de la vida humana en situaciones de desastre.
Este diario intentó contactarse con la secretaria de Riesgos, María del Pilar Cornejo, pero su personal de comunicación indicó que la funcionaria ofrecería una rueda de prensa a las 19:00 de ayer.