El juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Franz Valverde, ordenó la prisión preventiva de Ricardo C., policía en servicio activo investigado por su presunta participación en el intento de asesinato en contra del presidente de la República, Rafael Correa, durante los disturbios registrados el 30 de septiembre de 2010.
La medida fue tomada tras la decisión del fiscal Gustavo Benítez, quien inició la investigación penal al gendarme, detenido el pasado martes en Latacunga, provincia de Cotopaxi, y luego trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos.

Durante la diligencia, efectuada la mañana de ayer en la Casa de la Justicia de Carcelén (norte de Quito), Benítez mostró como evidencia una foto publicada en un medio de prensa escrita, en donde se observa a un agente que apunta en dirección al sitio en que se encontraba el piquete de militares que resguardaba al Jefe de Estado, luego de ser rescatado del hospital de la Policía.

Según las indagaciones del representante del Ministerio Público, el sospechoso rastrilló un arma durante la revuelta.

A la audiencia no asistió Patricio Armijos, abogado de Ricardo C. En su lugar llegó la defensora pública Mariela Ruiz, no obstante, poco antes de que las partes firmen las actas, Armijos llegó y aseguró que él recibió una notificación de que la audiencia se realizaría al mediodía, en el centro de Quito.

"Lo que se hace es ilegal. Al asignar un defensor público sin mi conocimiento ni el de mi cliente se lo está dejando en la indefensión", manifestó Armijos.

El uniformado prefirió acogerse al silencio, pero antes afirmó que es inocente de los cargos que se le imputan y reiteró que no es él quien aparece en la fotografía puesto que no estuvo en el lugar el día de los incidentes.

El juez ordenó prisión preventiva para el gendarme y señaló que la instrucción fiscal tendrá una duración de 45 días.

Tras la rebelión de un grupo de agentes del orden, las autoridades juzgaron los ataques con gases lacrimógenos y personales en contra del Primer Mandatario.

Por estos actos los policías Jaime P. y Luis B. fueron procesados y condenados a dos años de prisión, pero posteriormente quedaron libres tras el indulto que les diera el Presidente.

Otros procesos que continúan abiertos incluyen a miembros de las Fuerzas Armadas y dirigentes políticos, no solo por el intento de magnicidio, sino también por atentados contra civiles, toma de edificios públicos e incitación al levantamiento.