Cuando Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, clausuró por falta de quórum las sesiones plenarias 167 y 168 (donde se decidieron los candidatos del Legislativo a la Corte Constitucional), la oposición parlamentaria demostró la inconsistencia de su estrategia política para frenar las resoluciones y proyectos de ley provenientes del oficialismo. Dentro de PAIS se teje la integración de veedurías que exijan a los asambleístas no abusar del procedimiento legislativo.

El pasado 29 de mayo la oposición evidenció que no existe un acuerdo unánime entre sus bancadas afines para encontrar éxito en los planteamientos legislativos que les parezcan favorables. La sesión del pleno era para escoger a los nueve candidatos de la Asamblea a la CC. Se presentaron dos listas, una de Gina Godoy (PAIS) y otra de María Paula Romo (Ruptura).

Cuando Cordero llamó a votación  por la lista de Godoy, que por ser moción solamente requería mayoría simple, según el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la mayoría de legisladores de la oposición  no se registró en la curul electrónica, con la intención de dejar sin quórum al pleno.

No obstante, tres legisladores de Madera de Guerrero (Enrique Herrería, Cynthia Viteri y Andrés Roche), un independiente (Jimmy Pinoargote) y Romo dieron quórum (completaron los 65 asambleístas necesarios, aunque su voto fuera negativo), hecho que motivó la aprobación con mayoría simple del listado del oficialismo. 

A los dos minutos Romo pidió la rectificación de la votación (basado en el artículo 146 de la LOFL), pero los legisladores que dieron quórum con voto negativo no se registraron. Así, al existir menos de 63  parlamentarios, Cordero clausuró la sesión con lo que se extinguió el derecho que solicitó la asambleísta de Ruptura.

Entonces el desconcierto se apoderó de la oposición, que acusó al Prian de actuar en favor de PAIS, hecho irreal porque solamente el legislador Tito Nilton Mendoza se registro para votar y se necesitaban 33 votos mínimos para que se apruebe el listado de Godoy, ya que habían 65 asambleístas presentes.

El argumento aducido fue que el legislador del Prian es hermano de Livio Mendoza Guillén, candidato a la Corte Constitucional por la Asamblea. “Yo jamás votaré contra mi hermano, porque es mi sangre y un excelente profesional. No existe un acuerdo con el bloque del oficialismo y por eso di mi voto en blanco”, dijo Tito Nilton Mendoza.

Luis Morales y Vicente Taiano, asambleístas del Prian, dijeron que respetaban la decisión de su coideario, pero no la compartían. “Siendo mi amigo de años no comparto el hecho de que Tito (Nilton Mendoza) haya dado un voto en blanco en la sesión, pero hay que respetar que actuó enmarcado por una profunda unión  familiar”, reconoció Morales. 

“Cualquier asambleísta podrá solicitar la reconsideración, sin argumentación, de lo resuelto por el pleno de la Asamblea Nacional (...) en la misma o en la siguiente sesión”, estipula el artículo 145 de la LOFL. El 31 de mayo la oposición podía solicitar la reconsideración con 63 votos, pero nuevamente no se registraron en la curul electrónica. Entonces, Cordero clausuró esa sesión por falta de quórum.

Paola Pabón (PAIS) manifestó que esa fue una estrategia incorrecta, “hasta absurda” de la oposición y demostró las fisuras y falta de diálogo que existen entre los legisladores de esas bancadas. 

Paco Moncayo (Alianza Libertad) dijo que no dieron quórum con la esperanza “de encontrar el mínimo de solidaridad por parte de Cordero para que se revea la decisión de enviar un listado de magistrados que no fueron debatidos, nombre por nombre, al interior del Legislativo”.

Estrategia política en ciernes

Gastón Gagliardo (PAIS) manifestó su malestar por las decisiones de la oposición al momento de aprobar mociones, resoluciones o proyectos de ley en la Asamblea. Según el legislador, se abusa de las formas de votación (afirmativo, negativo, abstención y en blanco) y de los procedimientos legislativos de rectificación y reconsideración.

“Cada cierto tiempo la oposición busca estrategias para trabar los procesos legislativos y la aprobación de las leyes trascendentales, como la de Comunicación y el Código Integral Penal. Todos los ecuatorianos perdemos cuando hay mala fe de los asambleístas, por tal motivo, PAIS deberá pisar fuerte en las elecciones y obtener una mayoría absoluta que garantice la agilidad de los procesos de transformación estructural en el país”, exclamó Gagliardo. 

De su lado, César Montúfar (Concertación) dijo que no hay razón para asustarse por la utilización de los recursos previstos en la LOFL. “Votar de una manera y no como quiere el oficialismo es nuestro derecho. De hecho es Cordero, en su calidad de presidente, quien dispone la convocatoria a sesiones y su respectivo orden del día. Lo que PAIS debe explicar es por qué permitió que se votara en plancha a los candidatos de la Asamblea para que lleguen a la Corte Constitucional”, cuestionó.

Juan Carlos Cassinelli, vicepresidente de la Asamblea, indicó que no existe unidad entre la oposición. “Cuando alguien grita por allá ‘saquen la tarjeta’, ‘espérate que me salgo’, ‘ya entro para pedir rectificación’, el bloque opositor demuestra que no hay una coordinación plena que le permita encontrar éxito en su estrategia. Ante el pueblo deben demostrar actitudes coherentes y cohesionadas”, acotó.

Sobre la lucha por el control legislativo, Fernando Aguirre (SP) indicó que la Asamblea debe ser el punto de equilibrio de la democracia. “La mayoría debe respetar a las minorías. Se necesita un diálogo abierto entre todos los bloques para ser coherentes con decisiones que beneficien al país y no a un grupo político. No sé si el retiro de la oposición en la curul electrónica se repita, pero sí está claro que mi decisión será apoyar los proyectos, según mis principios”.  

Para evitar el abuso del procedimiento legislativo, Cassinelli afirmó que promoverá la instalación de veedurías  que verifiquen el accionar de los parlamentarios de todas las bancadas en el pleno y en las subcomisiones especializadas,

“La ciudadanía organizada puede solicitar la supervisión del trabajo legislativo y obviamente tendrá el apoyo necesario para conocer el trámite y estado de las leyes. No es necesario que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) reglamente ese trabajo, porque puede gestionarse directamente”, acotó Cassinelli.

Montúfar, por su parte, dijo estar de acuerdo con la inicitaiva de crear veedurías, pero ratificó que deben mantener independencia. “Yo mismo apoyé la instalación de una veeduría ciudadana en 2005, ahora deberían volver al escenario político”, señaló.