El trabajo conjunto de varias entidades de control permitió  que la madrugada de ayer, mediante un operativo simultáneo, sean desarticuladas tres presuntas redes de tramitadores que operaban en Santo Domingo de los Tsáchilas, Sangolquí y San Miguel de los Bancos.

El informe preliminar revela que se dedicaban a la emisión irregular de licencias de conducir y a la legalización de vehículos  robados, a través de distintos mecanismos.

Según confirmaron fuentes de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG),  las evidencias de los delitos son múltiples y permitieron la detención de  ex jefes y trabajadores de dichas agencias.

En Rumiñahui

La SNTG, la Policía Judicial y la Fiscalía, tras meses de seguimiento, identificaron que en la agencia de  Sangolquí, en el cantón Rumiñahui (Pichincha),   operaba una red  dedicada a la matriculación irregular de vehículos, entre ellos buses de transporte público, a quienes en apenas 30 ó 40 segundos les realizaban la revisión técnica, sin verificar si tenían o no daños mecánicos. Lo único que constataban, en el mejor de los casos, era que las limpiaparabrisa funcionen.

En otros casos, los carros ni siquiera  eran llevados  a la revisión, ya que la  supuesta tramitadora,  María Suasnavas Soria (ayer detenida), supuestamente se encargaba de armar los documentos y de hacerlos aprobar. Ella actuaría en contubernio con la digitadora de la gencia, Josefina Cevallos, los revisadores Marco Gallardo y Fernando Herrera, y la empleada de la ventanilla No. 2 Elizabeth Molina (ver gráfico).

Esa  asociación les habría permitido beneficiarse de cobros extras por la matriculación. Entre las cooperativas que supuestamente utilizaron sus servicios están  Panamericana, Ecuador y Marco Polo, a las cuales, según fuentes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT),  se les volverá a exigir  la revisión técnica para comprobar el verdadero estado de los  automotores. Esto, a fin de evitar nuevos accidentes en las vías, como los ocurridos últimamente en Papallacta, Macas y Manabí.

En la Villaflora

En la agencia de la Villaflora, al sur de Quito, tramitadores ubicados en dos casas  aledañas enganchaban a los “clientes” para “ayudarles” (con el pago respectivo y al margen de la Ley) no sólo a matricular vehículos en Sangolquí, sino a renovar u obtener por la primera licencia de conducir, para lo cual tenían contactos en varias agencias del país.

En esa red  -según  las autoridades-  operaban los hermanos Maribel y Darwin Mesa Cruz, Édison López Ávila y Miguel Plazas Báez, sobre quienes  pesan órdenes de captura. Algunos fueron detenidos ayer y por   la tarde se realizó la   audiencia de formulación de cargos.

En Los Bancos

En el cantón San Miguel de Los Bancos (Pichincha), un juez de lo civil  otorgaba, mediante sentencia, la propiedad de vehículos bajo la figura de  prescripción adquisitiva de dominio. La SNTG también solicitó a la Interpol verificar si entre las sentencias judiciales constan vehículos robados en otros países (ver nota adjunta).

En Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos

Las investigaciones de la Policía Judicial y de la Fiscalía identificaron  que varios vehículos   robados en Colombia y Venezuela eran matriculados, adulterando documentos, en la agencia  de Santo Domingo de los Tsáchilas. En esa actividad, supuestamente, actuaban personas  particulares, ex jefes y funcionarios de la citada agencia de tránsito.

De una lista de 89 vehículos matriculados sospechosamente en esta agencia, la SNTG pidió a la Interpol (en base a números de motor, chasis y otras carcacterísticas) certificar si sobre esos carros hay algún requerimiento, tras lo cual se determinó que 40  constaban como robados y registrados en Colombia.

La ANT estableció que los  responsables del presunto ingreso irregular de la información para  matricular esos vehículos robados habrían sido: Fernando Jhosua Vélez Arce, jefe de agencia desde el 11 de enero al 17 de octubre del  2011 (quien ayer no pudo ser detenido aunque sobre él pesa orden de captura); Marco Antonio Calderón Cabrera, ex jefe encargado de esa agencia del   4 de noviembre al 31 de diciembre de 2010; Jaime Alfredo Aceldo Rangel, revisor de documentos desde el  1 de julio de 2010 al 9 de abril de 2012, quien mantenía clave de digitador; y Pablo Ramiro Bonilla Arteaga, recaudador desde 26 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2011, quien también tenía clave de digitador. Ellos  fueron apresados ayer.

Finalmente, en la agencia de la provincia de Los Ríos se determinó que habían personas ajenas a la entidad haciéndose pasar como empleados para matricular carros. Contaban para ello con la autorización de las autoridades de esa agencia.

Los implicados son  Wilson Wong Valverde y Manuel Sánchez Caicedo. Además, pese a no estar la documentación en regla, el funcionario del área jurídica Ronald Montero, supuestamente,  obligaba a otros empleados a matricular carros. Sumillaba expedientes para agilitar todo,  saltándose el trámite regular.

La ANT, la SNTG, Policía y Fiscalía realizaron ayer un amplio operativo para  capturar a los  implicados e incautar los vehículos robados. Además, iniciaron acciones legales contra los involucrados en  falsificación y uso doloso de documentos públicos y asociación ilícita.