Una caravana de autos de la Intendencia, Gobernación del Guayas y Policía Nacional se abrió paso rápidamente por la ajetreada avenida Casuarina, lo que sorprendió a los moradores de varias cooperativas de vivienda del noroeste de Guayaquil.  

Esa fue parte de las escenas de un operativo sorpresa de control de documentos realizado ayer por el Consejo de la Judicatura, junto con la Gobernación del Guayas, la Intendencia de la provincia, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Policía Nacional.   

Según Ana María Veintimilla, jueza de contravenciones, el objetivo del operativo era verificar si los propietarios de los locales de venta de materiales de construcción tenían los permisos de funcionamiento, así como las facturas originales de los productos que vendían al público.           

María Alejandra de Quito, esposa del propietario de la ferretería y taller PPG, estaba a cargo del cuidado del local en el momento en que el intendente Xavier Burbano llegó al sitio. Ella explicó, de forma nerviosa, que están al día en todos los pagos y que han cumplido con todos los requisitos legales.   

El grito de uno de los asistentes de Burbano alertó a las autoridades de la existencia de una bodega al fondo del local, allí se encontraron, además de varillas de metal y planchas de zinc, piezas de transportes pesados, un montacargas y una planta procesadora de hierro. 

Luego de un momento llegó Segundo Quito, propietario del local. Él presentó los documentos, pero el agente del SRI le indicó que no hay factura que justificara las partes halladas en la bodega, lo que dio pie a que la jueza Veintimilla y  Burbano clausuraran la ferretería.

Un grupo de agentes de la Policía Nacional colocó el sello de clausura mientras algunos miembros del Consejo de la Judicatura y la Gobernación del Guayas inspeccionaron la zona en busca de más irregularidades. En la acera de enfrente, donde  se leía el cartel “Materiales de construcción y ferretería Don César” la escena se repitió.

Con voz firme, jueza e intendente revisaron los permisos y papeles de funcionamiento, que tampoco fueron entregados. “Todos los meses pagamos impuestos, pero en el Municipio no constamos. Ningún negocio en el sector tiene permiso”, comentó con indignación Viviana Morán, una de las propietarias de la ferretería.

Otro sello de clausura fue puesto. Los dueños Viviana Morán y su esposo César Calle preguntaron a Burbano los pasos para reabrir el local, pero no recibieron respuesta. “Estos operativos tienen como fin pedir los  permisos y verificar si pueden ser justificados los materiales que venden. Si no lo pueden hacer, hay que llevárselo retenido”,  afirmó la gobernadora Bonilla.