Pasaron cuatro años para la emisión de esta sentencia, ¿hubo alargues en el proceso?

No estamos hablando estrictamente de una sentencia, eso tiene que quedar totalmente claro, lo que se había planteado es una acción cautelar en la que efectivamente hay una contradictoria providencia del juez John Thornton, que momentáneamente perjudica los intereses del Estado ecuatoriano para poder recuperar el saldo de lo que adeudan los  hermanos William y Roberto Isaías al Estado y a los depositantes.

¿En qué radica la contradicción del juez Thornton?

Son varias contradicciones las que se pueden ver en la providencia del juez. Primero, no hace un análisis prolijo de la aplicación de la extraterritorialidad de la ley. El Estado ecuatoriano lo que solicitó a la Corte en EE.UU. -y esto previa  consulta que hicieron  los abogados que defienden a la Procuraduría y al  Estado-  es el tratar de recuperar el saldo que adeudan estos banqueros. Y esto es apenas obvio. Es público y notorio, y todo el mundo lo sabe, que estos banqueros se llevaron el dinero de los depositantes y lo tienen invertido en Miami, en Estados Unidos, en donde viven como “reyezuelos”. Inauguran edificios inteligentes, tienen redes de escuelas privadas, inversiones en petróleos. Entonces, si el dinero está allí, pedimos que ese saldo lo podamos recuperar y se devuelva ese dinero al Estado ecuatoriano.

¿Cuántas propiedades tienen los hermanos Isaías y por cuánto están avaladas en EE.UU.?

Son varias. Yo diría centenas de millones de dólares que tienen en inversiones estos banqueros prófugos. De eso se hizo una investigación. No es que el Estado ecuatoriano quiere incautarles todas las propiedades que tienen, sino que paguen lo  que adeudan.

¿Esas propiedades superarían el monto de $ 661 millones, que es el hueco patrimonial?

El hueco patrimonial que determinó Deloitte & Touche es de $ 664 millones. Ellos mismos aceptan que las incautaciones que yo dicté de los bienes  se aproximan a los $ 400 millones, eso quiere decir que -sin contar intereses en más de una década de perjuicio que tiene el Estado y los depositantes-  todavía hay una deuda de más de $ 260 millones. Todos los presidentes que antecedieron a Rafael Correa jamás  tocaron a esos banqueros corruptos.

¿Por qué?

Ellos mismos dan las respuestas con un desenfado y cinismo únicos. Acabo de ver que en el Nuevo Heraldo, Roberto Isaías dice que “los sucesivos gobiernos de Ecuador desplegaron una campaña en su contra por motivaciones políticas”, sin embargo, el único que enfiló hacia sus empresas, según su versión, fue el gobierno de Rafael Correa. Además, dice  que   las campañas de los otros gobiernos eran políticas, pero no los topaban empresarialmente. Isaías sostiene que era  el grupo más importante y tenían que hacer política con ellos... Entonces, claro,  a  los gobiernos  anteriores a  Correa les atacaba una dosis de amnesia cuando paseaban en el yate del mismo nombre de estos prófugos y por eso no los tocaban. Allí está la respuesta.

¿Con el juicio que se instauró en  2009 solo se buscaba recuperar el saldo pendiente?

 Exactamente.

¿A qué instancias se apelará?

Esta instancia que viene será el superior del juez Thornton, la Corte en el Estado de la Florida. Pero esto es un tema que le conviene analizar a la Procuraduría, que es la instancia que  viene llevando este proceso.

¿Cuánto demoraría el trámite?

El trámite de la apelación se podría enmarcar en unos 30 días. Creo que la Procuraduría General del Estado deberá hacer constar por qué el juez John Thornton no permitió que yo vaya a declarar en ese juicio.

¿Por qué no se le permitió, si usted interpuso la acción?

La Procuraduría General y los abogados del Estado presentaron las peticiones para que yo vaya a declarar. Hay que preguntarle en la apelación  al juez Thornton  por qué no se me permitió declarar.

¿Hay intereses de por medio en este caso?

Definitivamente.

“El proceso  no acaba allí. Ni siquiera ha comenzado porque, jurídicamente,  ni siquiera fue a  juicio”¿Qué intereses?

Es penoso, pero creo que  EE.UU. debería ayudar y ayudarse a sí mismo a que se quite esa imagen de que Miami o Florida se han convertido en un  verdadero basurero de delincuentes, prófugos de la justicia de diferentes países, en donde  invierten  sus dineros mal habidos y disfrutan de sus playas doradas. EE.UU. debería ayudar  a quienes solicitan extradiciones, que por lo demás, en este caso concreto, ha sido burlada. Al contrario, cuando se le ha pedido al Estado sí ha accedido a esas peticiones de EE.UU. y ha dado todas las facilidades y la reciprocidad que ha sido posible.

¿Quiénes pierden con esta primera  resolución?

Quiero ser objetivo. Todo dinero a partir de un dólar que sea recuperado de esa banca corrupta se lo debe a la decisión y honestidad del presidente Correa, quien ha señalado insistentemente que se debe cobrar hasta el último centavo de lo que fue la crisis bancaria de finales de los 90. Se ha perdido lo más importante: vidas con este perverso proceso. Y allí no se habla de derechos humanos de los depositantes. Los muertos no pueden hablar de derechos humanos, pero los Isaías tienen la audacia de decir que el Mandato 13 que dictó la Asamblea Constituyente de Montecristi viola sus derechos. Eso es una falsedad del tamaño de una catedral.

¿Por qué?

El Mandato 13 no se lo dictó por falta de ley de la AGD, sino por la sensibilidad que tuvieron los asambleístas en Montecristi, que sabían que el recurso de amparo estaba prostituido en el país, entonces cualquier juececito, con el poder que siempre han tenido los Isaías, muy bien podía echar abajo la resolución de las incautaciones que yo dicté. Ese era el único efecto del Mandato 13:  coadyuvar con una decisión legítima y constitucional que dictó la AGD, obviamente para recuperar esos dineros. Fue en salvaguardia de los intereses del Estado que se emitió ese mandato, por otro lado, de ninguna manera vulnera ningún derecho humano de los Isaías. Aquí el único derecho que se vulneró fue el de los depositantes.

¿Es justificable la no existencia de una sentencia  cuando se instauró el proceso  en  2009 para que EE.UU. pueda proceder, como dice parte del dictamen? Esto lo digo porque en 2012, la Corte de Justicia, luego de 13 años de iniciado el proceso, dictó una condena de 8 años de reclusión  a los hermanos Isaías...

Sí, pero hay que separar dos casos. La sentencia de la CNJ fue persiguiendo el delito. El juez no analizó la sentencia que yo dicté, porque el gerente de la AGD -de acuerdo con la ley- es juez de coactivas y  dictó una resolución con fuerza de sentencia. Y es por eso que acudimos a la Corte de EE.UU. con esa proposición del Estado ecuatoriano para poder recuperar esos valores, no para incautar todos los bienes de los Isaías en Miami, como pretenden desinformar a la ciudadanía, con este, que, según dicen, es un triunfo. Será un triunfo pírrico, pero  a todas luces equivocado.

¿Estos documentos se entregaron como  motivación del caso?

Pero por supuesto. Esa resolución con fuerza de sentencia, de acuerdo al derecho internacional y convenios de ejecución de sentencias o resoluciones extranjeras, es absolutamente eficaz y aplicable. Ahora, que el juez Thornton, no sé por qué razón, no la ha querido aplicar, él tendrá que explicarnos y, obviamente, la Procuraduría hará su alegación.

¿La sentencia de 2012 también servirá para la apelación?

Hay muchos elementos que pueden coadyuvar. Por supuesto que puede ser un elemento de apoyo. La sentencia que emitió en 2012 el juez Merino definitivamente permite que los Isaías sean extraditados al Ecuador, pero poco hace EE.UU. Creo que por un mínimo de reciprocidad, EE.UU. debe sensibilizarse por este perjuicio que causaron los banqueros. Fíjese que una embajadora de  EE.UU. en el país, hace mucho tiempo atrás, aseguró que los Isaías se fugaron con dinero mal habido. Hay jueces que no quieren ver los expedientes o las tablas procesales y simplemente dictan resoluciones que no son motivadas y son absolutamente contradictorias.

¿La extradición sería una salida?

La extradición es un asunto de legalidad, que debe cumplirse y debe ser apoyado por el país requerido.

¿La extradición pasó a ser un asunto político para EE.UU.?

No debería ser un asunto político, pero no podemos ser ingenuos y pensar que, con esas inmensas inversiones que tienen, los Isaías no gozan de algún tipo de protección, y en este caso algún tipo de protección política. No podría atreverme a asegurar eso, pero es fácilmente perceptible.

¿La forma en la que Ecuador ha intentado corregir los supuestos errores de los demandados es inconsistente con las normativas y leyes de EE.UU., como señala la sentencia?

Todo lo contrario, porque el Estado ecuatoriano, de acuerdo a las leyes y la Constitución, procedió primero aquí con las incautaciones. Las normas del Estado ecuatoriano no son violatorias de ninguna otra ley extraterritorial, a no ser que el juez Thornton entienda que quienes se llevaron el dinero y cometieron el fraude bancario y financiero más grande que registra la historia del Ecuador deban ser condecorados. Solo así se explica, porque si vamos al tema de fondo, el juez no ha dictado un pronunciamiento de fondo. Ha querido salirse por  la tangente, refiriéndose al Mandato 13, que es por coincidencia lo que alegan los Isaías. Ya le dije que el mandato se emitió por esa prostitución que había del recurso.