El narcotráfico, que es parte del crimen organizado, a decir de expertos, no está siendo contemplado dentro de los planes de gobierno de la casi totalidad de candidatos a la Presidencia de la República.

Ello, pese a que este fenómeno delictivo debería  ser tomado muy en cuenta para buscar alternativas de lucha, incluso,  como política de Estado.

En sus recorridos de campaña y en su comparecencia ante  los medios, los candidatos deberían hablar, por ejemplo,  sobre cuál será su política de gobierno frente a temas como la posible legalización del consumo de drogas en el país.

A decir de Bolívar Cisneros,  ex comandante general de la Policía Nacional, se debe trabajar sin que importe la bandera política y sin que interese qué gobierno esté de turno.  Cree que lo importante es no hipotecar el futuro de la juventud. “De qué serviría todo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Rafael Correa para brindar mejor educación, mejores carreteras, más hidroeléctricas y otros temas, si estamos dejando la puerta abierta para que los jóvenes y niños sean adictos a las drogas”, comenta en alusión a la posibilidad de que la Asamblea Nacional dé paso a legalizar el consumo de los diversos alcaloides.     

Destaca que los políticos, al momento de tratar este tema, deberían tomar en cuenta la catástrofe que significa para las familias  tener un miembro adicto.

Dice que ningún médico, institución nacional, internacional ni la Organización de las Naciones Unidas tienen claro cuál es el daño psicológico, biológico y moral que provoca en personas que consumen.

Asegura que legalizar el consumo sería abrir las puertas para que ingrese más droga proveniente de las alrededor de 100 mil hectáreas de plantaciones de hoja de coca que existirían al sur de Colombia; de las 60 mil hectáreas sembradas al norte del Perú; y de  las 40 mil a 50 mil hectáreas en Bolivia.  

Médicos consultados, que pidieron no ser citados y tampoco hablar de un caso específico de tratamiento a toxicómanos, coinciden en señalar que han visto con preocupación cómo consumidores que comenzaron con pequeñas dosis, con una droga  social como es el tabaco y el alcohol, después por empatía, novelería y presión social, han ido aumentando la dosis y cambiando las drogas, y al final convirtiéndose en verdaderos adictos, sin una posibilidad de regeneración tanto en lo biológico como en lo psicológico.

“¿Qué pasaría si se  legalizara su consumo, quién se va a hacer cargo de la producción, refinación y venta para nuestros consumidores?”, “¿de un negocio de esa envergadura quién se va a hacer cargo: el Gobierno, la ONU, la OEA, empresarios privados? ¿Cada cual va a tener su planta de hoja de coca o de marihuana en el balcón de su casa?”, se preguntaron.

Sin embargo, Juan Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute, en un artículo que consta en la página web  http://www.drogasinfo.gob.ec/ escribió que hay 10 razones para legalizar el consumo. Recordó que la prohibición de las drogas ha tenido consecuencias desastrosas muy similares a la que sufrió el alcohol en los años veinte en Estados Unidos.

“En vez de reconocer el fracaso de dicha política, la mayoría de gobiernos alrededor del mundo se ha empeñado en gastar más recursos y atentar más contra las libertades de sus ciudadanos en un esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de narcóticos.

Legalizar las drogas eliminaría o mitigaría significativamente las terribles consecuencias que enfrentamos bajo el actual enfoque prohibicionista”, escribió.

Los desafíos que debe tomar en cuenta el futuro gobierno
Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, policías antinarcóticos consultados señalan que el Gobierno que resulte de las elecciones del 17 de febrero  debe mantener la coordinación permanente con las similares de otros países (generalmente de destino, transporte o producción), que están involucrados en esta cadena, para contrarrestar necesariamente la producción, el tráfico y el consumo de drogas.

Coinciden en que impulsar el intercambio de información entre países, apoyados por sus respectivos gobiernos, es la forma más idónea y más pragmática de  trabajar para contrarrestar este fenómeno que “perfora” fronteras.

En las nuevas autoridades -según expertos- debe haber la frontal decisión para combatir el tráfico y el consumo de drogas y, obviamente, el blanqueo de capitales.   

Se estima que para obtener mejores resultados, el nuevo Jefe de Estado debería involucrar más a  los militares en la lucha, porque la Fuerza Terrestre, por ejemplo, está en línea de frontera con Colombia y con el  Perú, puertas de ingreso de la droga que se almacena ilegalmente en los puertos de Guayaquil, Esmeraldas, Manabí, El Oro o en puertos clandestinos, para que salga en embarcaciones a alta mar.

A la Marina, el Gobierno le dotó de  aviones no tripulados, comisarías flotantes y  rehabilitó embarcaciones para  patrullaje, pero se cree que ese apoyo lo debería continuar  quien resulte electo.

Como en el mundo de las drogas se mueve gran cantidad de dinero, de organizaciones y personas, es fundamental mantener ese apoyo a las fuerzas del orden, aunque siempre será poco con relación a un negocio como es el tráfico de la droga, que según  el informe de las Naciones Unidas genera más de $ 300 mil  millones de ganancia bruta anual.

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas Contra el Narcotráfico y la Delincuencia (UNOCD) y la Interpol, el crimen organizado mundial mueve anualmente $ 870 mil millones, de los cuales, $ 320 mil millones son del narcotráfico; $ 32 mil millones de la trata de personas; $ 7  mil millones del tráfico ilegal de migrantes; casi $ 80 mil millones de negocios delictivos relacionados con la madera y especies animales; $ 140 mil millones de  apuestas ilegales.

De acuerdo con estadísticas  de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), al narcotráfico internacional la Policía ecuatoriana le frustró en 2012 el envío de 42.562,55 kilos de  drogas, de ellos, 30.896,45 fueron de clorhidrato de cocaína, 818,55 de pasta básica de cocaína, 187,22 de heroína y 10.660,33 de marihuana.

Lo incautado en 2012  fue superior a lo registrado de 2000 a 2007 (ver gráfico), cuando en   Ecuador funcionaba la base militar estadounidense en Manta, para luchar contra  el crimen organizado, que según la ONU es una industria trasnacional que genera una economía criminalizada que vuelve vulnerables a gobiernos, países, sistemas financieros y áreas productivas.

Los cárteles de la droga y bandas del crimen organizado tienen capacidad de mandar e incidir en entidades privadas y públicas, y penetrar en naciones y zonas donde se produce la fatídica mezcla de corrupción y pobreza.

Para  Yuri Fedotov, director de la UNODC, “el crimen organizado transnacional está presente en cada región y en cada país alrededor del mundo. Frenar esta amenaza  representa uno de los mayores retos a nivel global”.

En el documento “Crimen organizado y globalización financiera” de Interamerican Community Affairs se señala: “la ‘reestructuración’ de la economía, el comercio y las finanzas en un mundo dominado por el neoliberalismo han provocado la globalización del crimen. Mientras los sistemas estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen organizado comienza a jugar un papel dominante en la economía y la política de los estados, a la vez que aprovecha la desregulación del sistema financiero internacional para ‘lavar’ su dinero mal habido”.

La coordinación entre instituciones del orden  es vital  porque, por ejemplo, la Policía hace su labor en la plataforma continental: carreteras, filo de puertos y en aeropuertos, pero no puede hacerlo en alta mar, porque no dispone de logística como embarcaciones, por lo que  quien debería hacer con mayor fuerza ese patrullaje  es la Fuerza Naval.

“Por más que se apoya a cualquier institución a nivel mundial, siempre será poco, ya que los delincuentes, en este caso los traficantes de drogas, tienen una gran ventaja contra las fuerzas del orden: el tiempo, el dinero y la tecnología. Contra eso se puede trabajar en coordinación a nivel nacional e internacional”, indicó un alto oficial policial en servicio activo que pidió no ser citado.

“Hablando con dos o tres candidatos (presidenciales) y sobre todo con sus asesores, les he dicho que en las ofertas de campaña no asoma este tema, y que solo se centran en hacer anuncios de que  bajarán los impuestos, quitarán el gravamen a la salida de capitales o que darán más  helicópteros a la Policía para que sus  hombres hagan rapel, bajen como en las películas y eviten que asalten los bancos. Pero no dicen profundamente qué van a hacer frente a lo que pasa con el tráfico de droga, el lavado de activos, la posible legalización del consumo...”, apuntó.

“¿Qué pasa con el hecho de que especialmente en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Loja, Portoviejo, etc., aparecen montones de edificios y nadie sabe de dónde sale el dinero, quién controla ese lavado?”, preguntó el ex alto jefe policial.

Para Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia, es un factor importante que los candidatos traten este tema, pues es necesario que exista una planificación estratégica a nivel gubernamental, una política de Estado.  Añade que el nuevo gobierno debe incrementar los sistemas de regulación y detección que cumplía la base de Manta, así como capacitar y dar la tecnología adecuada a la Armada para que haga ese trabajo: interceptaciones en alta mar.

“Aquí la política ecuatoriana se maneja con el discurso bonito, lo cual no lleva a ninguna parte. Hay que presentar proyectos, pero lamentablemente el 95% de los candidatos presidenciales no tiene conocimiento verdadero y profesional de lo que es la seguridad”, indicó.

El tema antidrogas debe ser tratado con responsabilidad

El actual director de la DNA, Juan Carlos Barragán, basándose en cifras técnicas y reportes de la ONU, indicó que “sería irresponsable” querer dar la imagen de que en el país todo está mal respecto a la lucha antidrogas.

Cree que el crimen  organizado podría pensar que es así y tratar de venir a instalarse. Ejemplifica señalando que “los delincuentes son como las ratas, tratan de ir a donde está la basura, lo podrido”. Dice que si se hace un estudio estadístico se verá  que desde  2008 a la fecha se han decomisado más de 160 toneladas de drogas en Ecuador, 130 toneladas de las cuales eran cocaína. Entonces, mal podría decirse que las incautaciones han disminuido.

“La misma ONU reconoce  que  Ecuador ha hecho un trabajo exitoso en contra de las drogas cuando dice que de 18.500 laboratorios desarticulados en el mundo, al país se le atribuyen apenas de 12 a 15. De 165.000 hectáreas de hojas de coca sembradas en Sudamérica para la producción de cocaína, a Ecuador la ONU le atribuye ni 25 hectáreas”, dijo Barragán.

Frente al hecho de que el país siga siendo utilizado para el tránsito de alcaloides, dijo que  Ecuador está  en esa posición porque tiene 3 países productores circundantes: Colombia, Perú y Bolivia. Es obvio que los traficantes van a intentar utilizar las facilidades geográficas del país para salir con cocaína, por ejemplo, hacia Estados Unidos u otros países de consumo.