En una reunión que se extendió hasta pasado el mediodía de ayer, la denominada bancada plurinacional MPD- Pachakutik, en la que también participaron los asambleístas César Rodríguez y Fernando González (ex PAIS), resolvió asistir a la sesión del pleno el próximo 10 de abril en la que se votará el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.

La jefa de bloque, Magali Orellana (PK), explicó que en caso de que no sea respaldada la moción de archivo,  planteado por César Montúfar (CND) y tampoco se apruebe el proyecto de ley presentado por Mauro Andino, su bancada propondrá  la elaboración de una nueva norma. 

“Queremos una ley que faculte la libertad de derechos, información y opinión. Que no vaya a violar los derechos colectivos”, señaló e indicó que el legislador César Rodríguez retirará su propuesta de votar el documento artículo por artículo.

Los asambleístas de este bloque coincidieron que el tema dedicado a los medios comunitarios, que fue una aspiración de las nacionalidades indígenas, solo es un gancho para aprobar la “ley mordaza”.

Jorge Escala (MPD) señaló que la ley solo tiene que desarrollar lo que ya está establecido en la Constitución sobre la distribución de frecuencias, un 33% para medios públicos, 33% para privados y un 34% para comunitarios. 

“Este proyecto de ley va a criminalizar el derecho a la opinión”, sostuvo al recordar que hay cosas que Mauro Andino aseguró que no irán en el cuerpo legal, como la “no regulación a las redes sociales”, pero que serán cambiadas con el veto presidencial, “como sucedió con el método D’Hondt para asignar escaños contemplados en el Código de la Democracia”.

En la asignación de frecuencias no se establece el mecanismo para la distribución, ya que actualmente el 80% del espectro radioeléctrico está en manos privadas, dijo el asambleísta Gerónimo Yantalema.

Calificó como discriminación el hecho de que no conste un representante de los medios comunitarios en el Consejo de Regulación, al señalar su preocupación porque el documento precisa que estos medios son “sin fines de lucro”, lo que impediría su financiamiento.

Su coidearia Diana Atamaint aseveró que la reivindicación que concede a los medios comunitarios la Ley de Comunicación “no es ningún beneficio que haya dado la bancada oficialista ni el Gobierno, es un mandato constitucional y haberlo puesto en la ley no es una dádiva, por la cual por agradecimiento deberíamos desconocer el atropello a la libertad de pensamiento y de opinión que en su contexto tiene la ley”.

Sostuvo que las radios comunitarias se regirían con una “ley mordaza” y añadió que la protección de los derechos de los niños y adolescentes establecidos en la ley ya están incluidos en la Constitución.

El legislador Francisco Ulloa (MPD) señaló que “cuando una ley que debe ser precisa, sin divagaciones, se la maquilla con un  toque democrático para promocionar una ley tiene otro tipo de fines”.

De su lado, Kléver Jiménez advirtió que aunque el proyecto tenga consenso en la Asamblea, “cuando venga del veto del Ejecutivo no habrá la voluntad de los asambleístas de la bancada de PAIS para ratificar lo aprobado en el pleno”.

Cerca de 60 representantes, de las 14 radios comunitarias, piden facilidades para desarrollar sus proyectos en beneficio de cerca de 200.000 habitantes que están asentados, de manera dispersa, en la región amazónica, el norte de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En un taller, de dos días, los representantes de las nacionalidades indígenas, que recibieron frecuencias del Estado, analizaron el contenido del proyecto Ley de Comunicación, que fue socializado mediante siete foros.

El último se realizó ayer, en el salón del ex Senado de la Asamblea Nacional, en el que participaron los legisladores opositores Lourdes Tibán, Jimy Pinoargote, César Montúfar, María Augusta Calle, Virgilio Hernández y Paola Pabón.