Tras el cierre de la Fundación Pachamama, sus directivos señalaron hoy en la mañana que iniciarán acciones legales para revertir la decisión tomada por el Ministerio de Ambiente de retirarles el permiso de funcionamiento, debido a una presunta participación de esta ONG en los incidentes ocurridos el pasado jueves mientras se realizaba la décimo primera ronda petrolera. En ese incidente fueron agredidos el embajador de Chile en Ecuador, Juan Pablo Lira, así como al apoderado general de la compañía Belorusneft, Andrei Nikonkov.

Belén Páez, directora de Pachamama, expresó que se sienten agredidos por parte del Gobierno, ya que sostienen que ninguno de sus miembros participó en los actos violentos de la semana pasada y junto a un equipo de abogados, tanto a nivel nacional como internacional, plantearán acciones legales a tomar.

Mario Melo, abogado de la Fundación, aclaró que están revisando los fundamentos utilizados para la defensa y advirtió que existen errores en la resolución tomada por parte del Gobierno y que -tras revisar toda la documentación- iniciarán el proceso para que se revierta el retiro del permiso de funcionamiento.

Esperanza Martínez, representante del grupo Acción Ecológica, de su parte sostuvo que todas estas acciones tomadas por el Gobierno buscan frenar la recolección de firmas para impedir la explotación del Yasuní.

El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Javier Córdova, rechazó las agresiones físicas que sufrió el embajador chileno. Indicó que el Gobierno respeta todas las manifestaciones, siempre y cuando tengan carácter pacífico y ordenado.

"Se trata del embajador de un país hermano, qué clase de imagen estamos entregando por culpa de un grupo de personas violentas. Respetamos estas manifestaciones pero no tienen derecho a hacerlas de forma violenta", indicó.

Córdova recordó que el Ministerio del Ambiente actuó con base a evidencias como videos y los partes policiales. "Sobre esa base se pidió el informe al Ministerio del Ambiente y sobre eso es lo que hemos actuado", reiteró.

El ministro del Interior,  José Serrano, dijo en esta semana que está listo el informe que solicitó el presidente Rafael Correa sobre los incidentes. Adelantó que además están remitiendo un parte policial completo a la Fiscalía para que las personas que agredieron a los funcionarios sean juzgadas y sancionadas. "Ya dirán criminalización de la protesta social, cuando se agredió a funcionarios que no supieron  por qué  fueron agredidos", dijo el ministro.

Ambos funcionarios fueron agredidos  en los exteriores de la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, tras la apertura de ofertas de la XI Ronda Petrolera para el bloque suroriente. "Se trata de una ONG que se aprovechó de la vulnerabilidad y buena fe de los ciudadanos que acudieron al lugar. Es inadmisible en cuanto a agresiones físicas y verbales. No puede ser que a un ciudadano nacional o extranjero se lo haya vejado de esa forma", reiteró Serrano.