El Ministerio de Justicia compró la renuncia a 465 guías penitenciarios del país ayer,   informó la cartera de Estado en su cuenta en la red social Twitter.

Las remociones se produjeron en los 18 centros de rehabilitación social que están distribuidos en el territorio nacional.
El Ministerio de Justicia aclaró que las personas que hayan sido cesadas en sus funciones serán indemnizadas como lo establece la Ley Orgánica de Servicio Público, que reconoce el pago de 1.200 dólares por año trabajado. “Este proceso busca mejorar los sistemas de control y vigilancia”, señaló la institución.

Para precautelar la seguridad de las personas privadas de   libertad, efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas custodiaron los centros de rehabilitación social.

Quienes reemplazarán a los despedidos serán nuevos guías penitenciarios que fueron capacitados, por la Escuela Politécnica Nacional, durante  seis meses.

Los guías penitenciarios que recibieron la compra de su renuncia fueron notificados, en la mañana de ayer, cuando llegaban a sus puestos de trabajo.

La situación causó   malestar entre los funcionarios salientes, quienes  demostraron su enojo y lanzaron consignas contra los cambios.

Imágenes de televisión mostraban a los ex guías del ex Penal García Moreno, en Quito, cuando se retiraban de su  trabajo.

Algunos se quejaron porque días anteriores  habían sido transferidos a otras ciudades, lo que significó   alejarse de sus familiares. Reclamaron que pese a esta situación, igual fueron cesados.