Las asociaciones de mineros artesanales de Eloy Alfaro y San Lorenzo acordaron conformar una comisión con funcionarios de la Empresa Nacional Minera (Enami)  para regular la actividad  minera dentro del cauce de la ley. El lunes se iniciarán los diálogos entre los integrantes. El operativo terminó con la destrucción de la maquinaria pesada.
El pasado fin de semana, en los cantones mencionados se efectuó un operativo para combatir la minería ilegal, por causar efectos negativos al ambiente de las comunidades.

Este lunes se inician los diálogos con los verdadero mineros,  que son los  que viven de la actividad a  pequeña escala  y no aquellos que  financian la minería ilegal, afirmó Wilson Pástor, ministro de Recursos  No Renovables.

Médice Caicedo, presidente de la Asociación de pequeños mineros comuneros del Alto Santiago, indicó que aún no tienen una dirección sobre el  trabajo con la empresa estatal, pero  pedirán  seguridad para la actividad que realizan  y beneficios para las comunidades. Pero su propuesta será que  no se les prohiba utilizar maquinaria para escavar.

La comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y sus entidades adscritas, Secretaría Nacional de Agua, Ministerio del Ambiente, Plan Ecuador, de las asociaciones de mineros de Eloy Alfaro y San Lorenzo, y la Municipalidad del cantón del mismo nombre.

“La idea es que los  mineros de los cantones esmeraldeños de San Lorenzo y Eloy Alfaro se asocien con la Enami para explotar el oro que se encuentra en los ríos de la localidad, para evitar la contaminación del ambiente”, dijo Pástor.

Así la  Enami  entregará en concesión las áreas donde existen ocho zonas mineras, de entre las cuales se analizará los lugares apropiados para la explotación y los sitios que  entrarán en proceso de remediación ambiental  y otros para tratamiento de residuos y normalizar el curso de los ríos.

Según las estimaciones, la explotación minera  ilegal en San Lorenzo y Eloy Alfaro dejó unos 130 millones de dólares en oro, sin ningún beneficio para las comunidades y el Estado, sino solo contaminación del agua y del ambiente.

Evaluación ambiental

La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, precisó que en la zona del río Santiago, en cuyos alrededores operaban los mineros ilegales, existe pérdida de vegetación, contaminación en las tomas de agua por la presencia de metales pesados,  contaminación del suelo con consecuentes alteraciones en la salud de los comuneros de la zonas cercanas a las actividades mineras ilegales.

“Más que la maquinaria destruida, debería preocupar la salud de las comunidades”, afirmó la ministra Aguiñaga, al señalar que el Estado tiene  la capacidad técnica legal  para cuantificar los pasivos ambientales que existan en la zona  por las labores de minería ilegal y plantear la respectiva demanda contra los responsables de los mismos.

Los daños ambientales y sociales se   enfocan  en la salud, pues  se  evidenció que hay metales pasados en las aguas del  río, como arsénico, que causa daño irreparable a la calidad de vida de las personas, con efectos en la genética y como resultado se puede observar malformaciones en los neonatos.

Las autoridades han detectado contaminación del suelo, pérdida de la vegetación, alteración de la calidad del agua y la  modificación del cauce del río, poniendo en mayor vulnerabilidad a la población asentada a las orillas.

Pástor aclaró que los mineros deben   presentar las absoluciones y su reglamento de régimen artesanal para acceder a un permiso para  la actividad minera. Para el trabajo con ellos ya está listo un reglamento de tributación minera.

La relación entre los mineros y la Enami  está amparada en el Reglamento a la Ley de Minería y el artículo 44 de la Ley de Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal que permite conformar asociaciones con la participación de pequeños mineros y mineros artesanales.