Miembros en servicio activo y pasivo de las Fuerzas Armadas se acercaron hoy, en Quito, a la matriz de la cooperativa de ahorro y crédito implicada en un caso de presunta estafa y mal manejo de fondos. Ellos buscaban conocer el destino de su dinero, una vez que la entidad fue intervenida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Marcelo Luna, abogado defensor de aproximadamente 80 clientes de la cooperativa, señaló que el proceso en contra de Jaime D. y Gustavo R., presidente y gerente de esta cooperativa, respectivamente, se inició el 30 de septiembre de 2014, tras recibir varios testimonios de personas que aseguraron haber cancelado valores por un terreno que nunca les fue entregado.

Luna afirmó que tras 6 meses de investigaciones se logró la detención de Jaime D., contra quien un juez dictó prisión preventiva, mientras que para Gustavo R. dispuso medidas sustitutivas debido a su edad (84 años).

El abogado dijo que sus defendidos aportaban en promedio mensual $ 65 por el concepto del pago de los lotes de terreno que estarían ubicados en el sector del Pululahua, al noroccidente de Quito. “Yo defiendo a cerca de 80 personas, pero estimamos que el perjuicio sería en contra de 800 clientes, con un monto estimado de $ 8 millones”.

Según el colegiado, se realizaron  varias investigaciones y se determinó que los terrenos que habrían sido ofrecidos a los clientes pertenecían a otra persona y nunca fueron adquiridos por los sindicados.

El proceso en contra de los detenidos también se dio por un supuesto mal manejo de los fondos. Miguel Plúas sostuvo que desde hace un mes notaron algunos aspectos “raros”. Ayer en la noche viajó desde Guayaquil para conocer el proceso que se lleva adelante.

“Veníamos a retirar nuestros fondos y nos dijeron que había plata, no son millones, yo venía por apenas $ 200 que necesitaba para pagar una deuda, pero no pude retirar esos fondos que son míos, porque no había plata”, sostuvo el militar retirado.

Este criterio lo comparte Hernán Trujillo, también militar retirado, quien tras escuchar en las noticias la clausura de la cooperativa se acercó a las oficinas para tener una información extra. “Yo tenía $ 500, cada mes me descontaban de mi pensión jubilar a través del ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), pero en las últimas semanas las personas de las ventanillas decían que no hay dinero, eso era demasiado raro”.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realizó la intervención y declaró el cese de operaciones de la entidad. Funcionarios de la cooperativa permanecían en las instalaciones de la matriz, pero evitaron dar declaraciones.