Madrugada del jueves 16 de febrero, específicamente 00:20. En el auditorio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el tribunal de la Sala de lo Penal ratifica la sentencia condenatoria en contra de los directivos de diario El Universo -Carlos, César y Nicolás Pérez- y del ex editor de opinión de ese rotativo, Emilio Palacio, por la publicación de un editorial que, según el fallo corroborado en tres instancias legales, afectó la honra del presidente de la República, Rafael Correa.

Desde esa misma madrugada y en los días posteriores los sectores de oposición y, sobre todo, los medios de comunicación nacionales e internacionales empezaron con las “comparaciones obvias” entre el accionar del Mandatario ecuatoriano y la posición que tienen otros presidentes latinoamericanos frente a la prensa.

Y es que el nuevo siglo trajo consigo una suerte de pugna perenne entre los presidentes progresistas y las empresas de comunicación. Desde la llegada de Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, en 1999, comenzó un ataque en “equipo” por parte de los medios venezolanos a la propuesta de corte socialista que implantó. El líder del Movimiento Quinta República (MVR) ha soportado esos ataques desde su llegada al poder.

Esta tensa relación llegó a su clímax en 2002, cuando de manera activa directivos y colaboradores del canal Globovisión intervinieron en el golpe de Estado de 48 horas que defenestró a Chávez.

Sectores sociales repudian hasta el día de hoy el rol asumido por la estación televisiva que fue sancionada en 2009 por temas administrativos.

Entre los Ejecutivos que mantienen disputas legales está Cristina Fernández, en Argentina. Su administración mantuvo confrontaciones con la prensa cuando presentó un anteproyecto de marco de regulación para la producción y comercialización de papel para periódicos.

La iniciativa buscó aumentar la producción local de papel para periódicos y garantizar la igualdad de precios de venta de este bien a todos los clientes de Papel Prensa, la única fabricante de este producto en esa nación  y que es eje de disputas entre sus accionistas privados, los diarios Clarín y La Nación, y el gobierno argentino.

En Perú, en 2011, Ollanta Humala fue víctima de la parcialización de los medios de comunicación en la carrera a la Casa de Pizarro. Uno de los hechos más recordados fue la postura de Jaime Bayly, conductor de la televisora América, perteneciente al grupo del rotativo El Comercio, quien ocupó tres de sus programas antes de las elecciones para “desenmascarar a Humala”.

Inclusive, el nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, renunció a seguir publicando su columna “Piedra de Toque” en el diario El Comercio, por haberse convertido “en una máquina de propaganda de Keiko Fujimori” y violar los principios del mejor periodismo.

Casos similares sufren los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, y de Paraguay, Fernando Lugo, quienes han hecho públicas las “estrategias que utiliza la prensa” para minar los proyectos nacionales.

Martinelli: “Los medios no son tribunales de justicia en la región”

Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, en enero del 2012 cuestionó la actuación de varios medios de comunicación de ese país.

Dijo que le da “risa que los dueños de la comunicación, cuando se les hace pagar los impuestos califican la acción como un atentado contra la libertad de expresión”. Y que a manera de represalia un periódico del país, a pesar de tener información estadística de que Panamá tiene el mayor crecimiento de América Latina, no lo pone en el titular.

Para Martinelli -quien ahora entrega asilo político a Carlos Pérez, director de El Universo- ese hecho fue una “canallada”. El mandatario añadió que “los medios no son tribunales de justicia”.

El jefe de Estado panameño enfatizó que cuando no pudieron con sus ministros, se metieron con sus familias, “qué descarados son al usar estas bajezas, son unos cobardes”. Concluyó que los dueños de los medios “no respetan al pueblo ni a su gobierno elegido democráticamente y se llenan la boca hablando de institucionalidad. No tienen principios”.