Fue a inicios de la década de 1980 cuando Amado Pérez y su esposa, Olga Castro, decidieron dejar su casa ubicada en un sector rural de Portoviejo para trasladarse a una zona más cercana a  la urbe.

La falta de empleo en el campo y la desatención en cuanto a servicios básicos fueron parte de las razones por las cuales emigraron a la ciudad, instalándose en uno de los cerros que rodean a la capital manabita. “Yo trabajaba en construcciones y al mudarnos acá me ahorraba un viaje de cerca de una hora”, comentó Pérez, quien hoy tiene 79 años y su esposa, 73.  

Al igual que ellos, cientos de personas abandonaron las zonas rurales por aquella época, estableciéndose en sectores que no presentaban las características adecuadas para ser poblados.

Con el paso de los años, estas áreas se han convertido en zonas de alto riesgo para quienes las habitan, y en la última década la situación se agudizó por la falta de control de los asentamientos irregulares por parte del Municipio.

Los lugares más vulnerables están ubicados en las riberas del río Portoviejo y en las colinas que rodean la ciudad. En un recorrido realizado por EL TELÉGRAFO en la ciudadela Briones, localizada en un cerro al noreste de la urbe, se constató la presencia de casas con problemas en su estructura debido al deslizamiento de tierras.

Orfa Cabezas, directora de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) de Manabí, explicó que esto ocurre porque los terrenos en los que se encuentran las viviendas son “arcillas expansivas”. Según ella, el problema  empeora en los lugares donde se instalan pozos sépticos, por la falta de alcantarillado y agua potable. “Esto hace que se vuelvan permeables. Son como una esponja”, comentó la funcionaria.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), de ese sector fueron reubicadas 25 familias, cuyas casas presentaban paredes cuarteadas y fallos en su infraestructura.

Ellas fueron trasladadas al albergue del excomplejo turístico El Concorde, hasta poder ser reubicadas completamente en la zona de Picoazá.   

Al respecto, Susana Vera, directora provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), manifestó que en ese lugar se realizan los estudios para un plan habitacional que atienda a esas familias y a otras que fueron desplazadas en ocasiones anteriores.

En total, según datos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Manabí, alrededor de 225 personas se beneficiarían con el proyecto. “Vamos a generar un crecimiento horizontal; es decir, construiremos edificaciones de dos o tres pisos, ante las necesidades de terrenos”, expresó Vera. Este programa tiene un inversión de 15 millones de dólares y en su primera fase favorecerá a 140 individuos.

Dragado del río

Otros sectores considerados en riesgo son los situados a orillas del río Portoviejo. Para la titular provincial de la SGR, los habitantes de estas zonas, más los que viven en las colinas, constituyen cerca de la mitad de habitantes que tiene la urbe. “Si tomamos la topografía de la ciudad estaríamos hablando que de pronto más del 50% de la población tiene algún tipo de amenaza”, aseguró Cabezas.

Afirmó que existe un plan diseñado por el Consejo Provincial para el dragado del río, que atraviesa a la ciudad en alrededor de 16 kilómetros.

En cuanto a los controles de los asentamientos ilegales, el alcalde Humberto Guillem aseguró que  ha  disminuido la llegada de  personas a las zonas vulnerables.

Expresó que la solución está en mejorar las condiciones de vida en el campo para evitar la migración de ese grupo humano.