Mil dólares costaron ocho años de manutención de dos niñas. A 4 dólares mensuales por cada una, incluido décimos y todas las de ley.  

Fue la segunda liquidación por alimentos que recibió, sorprendida, impotente e indignada  María Fernanda Vizcaíno de su ex esposo Xavier Buendía Venegas, hace 10 días.

Por este juicio, ella batalló  más de dos años en uno de los juzgados de la capital, y pese a que la Ley de la Niñez y Adolescencia deja a la voluntad de las progenitoras el reclamar las pensiones alimenticias a través de abogados, Vizcaíno quiso asegurarse de que el proceso concluyera con éxito  y tomó los servicios de un profesional en leyes.
Aún así, el trámite caminó  lento. “Una tiene que estar mendigando a que despachen (en los juzgados)  rápido los trámites, tal parece que todo es por medio de palancas”, critica Vizcaíno.

Este proceso se dilató mucho, dice María Fernanda, porque Buendía presentó “alegato tras alegato” en el juzgado, que no permitían la liquidación  por  alimentación, vestuario, educación, medicinas y otras necesidades de sus dos hijas.

Esto porque durante todo el tiempo que demoró el juicio, Buendía se negó a mostrar roles de pago, según su ex esposa, porque aducía que no tenía un trabajo en relación de dependencia, por lo tanto, lograba muy pocos ingresos, unos 300 dólares mensuales. 

“Sin embargo es profesor en dos universidades, tiene un consultorio de abogados y trabaja para  un partido político”, manifestó Vizcaíno al precisar que el padre de sus hijas  fue Secretario Nacional de Relaciones Internacionales de la ID y hace dos años fue candidato.

Para demorar el juicio, “él puso  miles de excusas (...) No tengo pruebas, pero para que se tarde tanto un juicio de alimentos, algo debió pasar en los juzgados”, enfatizó la perjudicada por el mal funcionamiento del sistema de justicia.

El primer juicio contra su ex esposo lo siguió luego del divorcio, en 1996, después de cuatro años de casados.

En aquel proceso se fijó una pensión alimenticia de 100.000 sucres por niña. Pero Buendía no realizó ningún pago, aseguró Vizcaíno.

Tras este proceso, igual de demorado y trabado, logró que se le pagara un retroactivo de 1 millón de sucres en 1999.  

La historia no concluye. Ella dice que ahora, a más de soportar la irrisoria cantidad que le entregaron por haber mantenido a sus dos hijas, tiene que iniciar un tercer juicio por dos razones.     

La primera es que  solicitará el alza de las pensiones, pues el mensual que tiene fijado  está valorado en la época del sucre. Y espera que no exista ninguna traba o demora en este proceso y “por lo menos me fijen el monto mínimo”.  La segunda razón  es lograr una liquidación por los años 2009, 2010 y los meses de 2011... que esta vez sea más justa.  

“La Consulta Popular debe cambiar el sistema judicial, porque no es justo que el ciudadano sufra tanto por lograr justicia.  Porque no debió demorarse tanto un proceso de alimentos  y calcular un monto de 1.000 dólares por ocho años. Los niños no viven con cuatro dólares mensuales”, manifestó.

Asegura que sus hijas, de 15 y 17 años, también esperan que cambie el sistema judicial.