Ayer empezó en el colegio Benalcázar, de Quito, la verificación de las firmas de respaldo de los 11 partidos y movimientos que fueron ya inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Para ello se escogerá el 10% de las rúbricas presentadas.

El proceso se realiza bajo la atenta mirada de los delegados de las agrupaciones políticas. El riesgo en este muestreo estaría para organizaciones políticas como Concertación, liderada por Juan Carlos Solines, que presentó 157.984 firmas para su inscripción, es decir, 37 firmas adicionales a las 157.947 rúbricas (1,5% del padrón) necesarias.

En similar situación estarían Pachakutik, que entregó 160.153 firmas de apoyo y Avanza que presentó 166.030 en total. (ver infografía)

La consejera Nubia Villacís explicó que el muestreo se realizará con base al orden de aprobación de las organizaciones políticas. MPD, Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y PAIS fueron las tres organizaciones que se inscribieron primero.

Con apoyo del Ministerio de Relaciones Laborales, el CNE contrató a 450 personas (300 digitadores y 150 verificadores), además de ocho grafólogos que no están afiliados a ninguna tienda política, para garantizar la independencia.

Ellos se encargarán hasta mañana de evaluar las rúbricas de las organizaciones políticas. El proceso se realiza en el colegio Benalcázar, en el norte de Quito, donde se instalaron 150 computadoras, además de seis pantallas de televisión. Se  adecuó un espacio para que los representantes de las organizaciones puedan participar del proceso como veedores.

Hasta el cierre de esta edición, se habían revisado 7.000 firmas del MPD. Luis Villacís, presidente de ese grupo, Ximena Ponce, miembro de la dirección de PAIS, y Juan Carlos Solines, coordinador  de Concertación, fueron algunos de los dirigentes de las organizaciones que llegaron al lugar. A ellos se les pidió que registren su nómina de veedores. El proceso se realizó con normalidad.

El vicepresidente del CNE, Paúl Salazar, considera que si las organizaciones no envían veedores “sería una lástima”, pero que el proceso contará con vigilancia como son Participación Ciudadana, Flacso, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), entre otras.

“Más que sanciones, es un tema de legitimación, estamos manteniendo una auditoría informática prolija, fuerte, que determine las responsabilidades administrativas de funcionarios, de personas o grupos de personas que están asesorando a las organizaciones en procura de obtener las firmas, pero sin embargo se encargaron de falsificar las rúbricas y eso es un delito de fe pública”, señaló Salazar.

El CNE tiene una meta: una firma por minuto. El vicepresidente del organismo aclaró  que el muestreo de las 11 organizaciones  sí se cumplirá en  el tiempo establecido de tres días.  “El muestreo del 10% de firmas válidas de las organizaciones que ya están aprobadas, aproximadamente es de  280.000 firmas”, recalcó.

Luego de esta etapa -hasta el 13 de agosto- se realizará  el reprocesamiento manual de las firmas de los partidos y movimientos políticos que aún están en trámite de reinscripción. Aún no se tiene la cifra exacta de estas  firmas,  porque aún se continúan escaneando los formularios de inscripción.   

Denuncias en la Fiscalía

El fiscal Galo Chiriboga señaló que se han receptado aproximadamente 1.500 denuncias de firmas falsas en todo el país. De ellas, fueron presentadas 690 en Guayas, 315 en Pichincha, 150 en Manabí, 80 en Loja, 45 en Santa Elena, 25 en Esmeraldas, 24 en Imbabura, 4 en Pastaza, 3 en Morona Santiago.

Chiriboga dispuso que haya fiscales en todas las provincias para que atiendan este asunto. Precisó que el proceso de verificación de firmas para la Fiscalía es un acto judicial ordenado dentro de la indagación previa que realiza la entidad sobre la base de la denuncia presentada el jueves pasado por Domingo Paredes, presidente del CNE.

Diez peritos de la Fiscalía verificarán físicamente la veracidad o falsedad de las rúbricas. Chiriboga explicó que en el delito hubo dos clases de víctimas: “el ciudadano, cuya firma fue utilizada sin su consentimiento y el Estado (Función Electoral), al que se le quiso engañar presentando información falsa”.

Y es que más ciudadanos llegaron ayer a las oficinas del CNE para pedir que sus nombres sean borrados del registro de adherentes. El mismo escenario se vivió en la Fiscalía, donde los ciudadanos se quejaron de la lentitud del proceso, el cual demora alrededor de una hora.

Carlos Echeverría, experto en grafología, fue el encargado de dar las directrices a los 450 jóvenes  contratados y capacitados por el CNE para revisar la  autenticidad de las firmas. Aclaró que la misión es realizar un trabajo de análisis, no solo de las firmas, sino de todos los documentos entregados.

Empresas fantasmas

Actualmente la Fiscalía estaría  investigando supuestas empresas fantasmas que comercializaron las  bases de datos que sirvieron para la falsificación masiva de firmas. Extraoficialmente se conoció que se han montado operativos para dar con el paradero de estas compañías, que estarían operando, principalmente, en Guayaquil.

Así también se estaría realizando un seguimiento a ex funcionarios del CNE, supuestamente vinculados a  organizaciones políticas. Ellos  serían los que proporcionaron la base de datos usada.

Chiriboga precisó que  todos los indicios serán presentados al fiscal  Fabián Salazar, quien está a cargo del caso. Aunque este funcionario manifestó que aún no tienen denuncias específicas de las empresas, pero que serán parte de la investigación.

Salazar precisó que no se tiene una cifra exacta de la inversión que el CNE realiza en el proceso. “No cuantificamos la inversión sino la transparencia y servicio que estamos dando a la ciudadanía”.

Concertación pagó por firmas

Son muy pocas las organizaciones políticas que confiesan tener una base de datos digital, más bien señalan que la base fue física y que todo lo que tuvieron en firmas lo entregaron al CNE. Cumplir con la recolección de firmas como principal requisito para inscribirse como organización política se convirtió en un problema para quienes tenían a cargo esta tarea.

En muchos de los casos la estrategia puerta a puerta tuvo sus frutos, pero en otros se procedió a pagar “unos centavos de dólar”  por cada firma recolectada.

Ese es el caso del movimiento Concertación, cuyo presidente Juan Carlos Solines aclaró que el proceso de recolección de las rúbricas se inició en agosto de 2011. Al principio, dijo, participaron  alrededor de 70 militantes, pero para lograr la meta se empleó a 250 personas afines al movimiento.

Solines aclaró que esa tarea fue dura, sobre todo porque había que recolectar más de lo previsto por el ente electoral, en virtud de que existía la posibilidad de que las rúbricas sean anuladas. Si bien negó haber contratado a una empresa para que realice esta labor, aceptó que a las personas que entregaron un mayor número de firmas “se les reconoció unos centavos”, así como viáticos para la movilización.

El dirigente señaló que los listados obtenidos pasaron por un proceso de depuración interna antes de ser remitidos al CNE. Incluso, indicó, fueron separados del proceso algunos recolectores porque se dudó de la veracidad de las firmas.
Pero ante la denuncia de la ciudadanía sobre una presunta falsificación de firmas que afectaría al movimiento, Solines se mantiene pendiente de lo que decida el CNE.

Para hoy está previsto que los verificadores analicen los listados de esta agrupación, que fue notificada por el CNE para que tenga veedores en el proceso de revisión. El militante se mostró preocupado porque no existe ni un respaldo físico, peor aún digital de las firmas que entregaron. Para él, empezar de cero con la recolección de las firmas “sería complicado”.

“Si nos dejan fuera del proceso impugnaremos, porque tenemos la certeza de que hicimos el trabajo. Además, esto ha generado que las personas que firmaron por nosotros estén pidiendo que les saquemos de Concertación”, enfatizó.
El dirigente político agregó que  su agrupación se tomó casi un año para recopilar las firmas y superó con las justas lo previsto por el Consejo.

Una situación distinta vive PAIS. Según Ximena Ponce, miembro de la dirección, su movimiento político tiene dos bases de datos. La una es la base de los adherentes permanentes y la otra es la de los afiliados, la misma que va en aumento en la sede  en  Quito. Ella calcula 180.000 personas en ese grupo.

Dijo que PAIS ha conseguido más de 1’000.000 de firmas durante un trabajo de recolección realizado durante todo un año, pero de darse el caso de que existan rúbricas falsificadas, eso lo determinarán las autoridades pertinentes.
Anunció que algunos de sus coidearios también aparecen en listados de otras organizaciones políticas. Situación que -precisó- debe ser investigada.

Luis Villacís, presidente del MPD, recordó  que su agrupación fue una de las primeras en inscribirse en el proceso electoral, pero que están dispuestos a que se les indague cómo obtuvieron las firmas de respaldo.

Él acusó al CNE y al Gobierno de ser corresponsables de esta situación y dijo que organizaciones como Avanza han empleado la base de datos del Seguro Social, por lo que anunció  procesos legales.

Domingo Paredes, presidente del CNE,  pidió a la Asamblea que los reciba en comisión general para explicar la situación. Dijo no temer de procesos legales, “no tenemos nada que ocultar”, aclaró. 

Salazar manifestó que a las organizaciones inscritas se les hará un muestreo, pero que posteriormente -dependiendo del informe de Asesoría jurídica y Participación política del CNE- se podría “procesar a esas organizaciones, cuyo porcentaje de firmas  falsas sea alarmante”.

El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, presentó también una denuncia ante la Fiscalía de Quito por la falsificación de firmas por parte de partidos y movimientos políticos.

Paredes ha reiterado en varias ocasiones que no se moverán las fechas de las elecciones generales, previstas para el 17 de febrero de 2013. Solo en el extremo de que ninguna organización quedara registrada se analizaría un eventual cambio del calendario.