Durante esta semana, el Ministerio de Educación oficializó los nuevos departamentos administrativos, conforme a lo estipulado en la Ley de Educación Intercultural. Con la nueva organización, la Subsecretaría regional del Litoral desaparece para dar paso a las Direcciones Técnicas de Áreas que estarán a cargo de varias provincias y, en algunos casos, de regiones diferentes. De esta manera, Marlene Jaramillo, quien hasta el año pasado se desempeñó como directora provincial de Manabí, pasó a dirigir el área 4 (Manabí, Galápagos y Santo Domingo de los Tsáchilas).

Con amplia experiencia en la docencia, buena parte de ella desarrollada en Quito, Jaramillo consideró que hasta antes de que Rafael Correa llegara a  la Presidencia de la República, la educación en las zonas rurales del país había sido descuidada en todos los aspectos, desde lo infraestructural hasta lo académico. También manifestó que si bien se han dado importantes avances, aún queda mucho por hacer.

¿Cuáles han sido los retrasos que se han detectado en la educación de las zonas rurales?

Estos sectores, por su ubicación, son de difícil acceso, especialmente durante las épocas invernales. Particularmente, en la zona norte de Manabí, aunque las lluvias no golpean con fuerza, quedan peores secuelas debido a las crecidas de los ríos que impiden que los niños pueden trasladarse a sus escuela y, por ende, se retrasa el inicio del periodo lectivo.

Para este año, la sequía  en las zonas centro y sur de la provincia permitirá que las clases comiencen de forma normal, no solamente por el buen estado de los caminos vecinales sino, también, porque las infraestructuras escolares están en óptimas condiciones.

¿Han reubicado los planteles que estaban en zonas susceptibles de inundaciones o deslaves?

Por supuesto. Estamos trabajando en la construcción de una política pública en conjunto con la Secretaría Nacional de Gestión en Riesgos y con los gobiernos locales. Hasta ahora hemos avanzado poco en ese aspecto porque estamos en el levantamiento de datos sobre el número de planteles que están en riesgo, no solo al pie de ríos sino también en quebradas.

¿Qué apoyo se ha dado a las zonas rurales?

Se ha hecho un trabajo coordinado en la regional 4 desde octubre del año pasado para intervenir en los sectores más sensibles, siempre conservando la urgencia y prioridad del caso. En este momento, por ejemplo, algunos establecimientos educativos necesitan baterías sanitarias. Recordemos que la intervención en la educación rural, tradicionalmente, ha sido muy poca y estamos enfrentando un problema social de más de 25 años de retraso.

La intervención incluye, además de la construcción de nuevos espacios, la refacción de las instalaciones antiguas, muchas de las cuales tienen hasta agujeros en los techos. Algunas unidades han estado en tal situación que su refacción integral recién terminará en 2012.

¿Existe el número suficiente de docentes para atender la demanda educativa en estos sectores?

Los procesos de adjudicación de los contratos se los ha dado lo más rápidamente posible. Esto toma un poco más de tiempo, debido a los trámites burocráticos, y puede afectar a nuestros objetivos.

Sin embargo tenemos que en este momento se puede decir listo, gracias a la colaboración de las autoridades docentes, que han estado atentas desde el 15 de marzo en la apertura del periodo de matriculación, para entregar la información necesaria. Esto se consiguió gracias a una campaña de concienciación en estos planteles, porque el proceso de asignación de recursos es una corresponsabilidad entre los padres de familia, docentes y autoridades.

¿Cuál ha sido la reacción de los padres de familia en todo este proceso?

En estos últimos 4 años se ha podido recuperar la confianza de la ciudadanía, del usuario de la educación rural, y de ahí el crecimiento de la matrícula fiscal. Factores como la eliminación de barreras, como costos, condición física o mental del estudiantes, han ayudado enormemente en este objetivo.

Dado que en las zonas rurales hay problemas de acceso, y dentro del nuevo modelo administrativo, ¿cómo se agilizarán los trámites burocráticos?

El nuevo modelo permitirá, precisamente, la desconcentración de competencias para trámites como obras, entrega de partidas, entre otras. Ya no se necesitará acudir a una capital de provincia, en una dirección seccional, sino que directamente en el circuito educativo.

Ante tantas necesidades, ¿qué ha ocurrido con la demanda educativa en estos sectores?

La demanda incluso ha subido. Muchas escuelas particulares rurales,  denominadas comunitarias (financiadas por los padres de familia), pasaron al sector fiscal. Ello permitió un incremento del sector del 90%.

La educación rural constituye el 40% de la oferta de establecimientos en Manabí. Recordemos que la provincia es una zona amplia, geográficamente hablando, y dispersa. De un sitio a otro es difícil agrupar los planteles porque hay hasta 5 ó 6  kilómetros de distancia entre las escuelas y comunidades, y esto complica un poco la tarea de los circuitos. Pero hemos avanzado en su conformación y se garantizará el total acceso a los trámites.