La “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad” -organizado por colectivos sociales y partidos políticos opositores al régimen- continúa con su caminata hacia Quito.

Ayer arribaron  a la capital azuaya, Cuenca, en donde realizaron una concentración en el centro de la urbe para reiterar sus consignas de rechazo a la minería a gran escala y a las políticas del Gobierno de Rafael Correa.

Desde   temprano en la mañana de ayer,  tres grupos de manifestantes, no superiores a las 100 personas cada uno, se reunieron en el kilómetro 12 de la Panamericana sur para entrar a Cuenca.

En ese lugar aprovecharon para anunciarle a los medios de comunicación que sigue  la protesta, que  no se detendrán hasta llegar el 22 de marzo  a la Plaza de la Independencia, en la capital, al pie del Palacio de Carondelet, para “decirle al Gobierno que el agua y la dignidad de este pueblo no está en venta”.

Posteriormente, los marchantes realizaron un ritual sagrado en nombre de los recursos hídricos en el río Tarqui.
Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, uno de los principales líderes de la movilización, volvió a criticar las decisiones en temas mineros que ha tomado en los últimos años la administración de Rafael Correa y aseguró que en los próximos días entablarán juicios políticos contra los ministros de Estado que suscribieron el contrato con la firma china Ecuacorriente S.A. que desarrollará la explotación a gran escala en Zamora Chinchipe.

Mientras que en el centro de Cuenca, en los bajos de la Gobernación del Azuay, miembros de las bases de Alianza PAIS  empezaron a concentrarse en el edificio para “defender la democracia” y evitar que “los golpistas atenten contra el estado de derecho en el país”.

Por su parte, el portal electrónico oficialista, El Ciudadano, publicó un reportaje en el que se pone al descubierto la presión a la que varios campesinos son sometidos para asistir a la movilización liderada  por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Movimiento Popular Democrático (MPD).

Según versiones de los propios marchantes provenientes de  Cotopaxi, la dirigencia indígena está cobrando $ 10 a los agricultores que no asistan a la caminata que arrancó en Zamora Chinchipe y que tiene previsto llegar a Quito.