A la espera de dos respuestas se encuentran cerca de 500.000 trabajadores públicos a nivel nacional. La primera es lograr  una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa, para tratar el tema de evaluación de funcionarios; y, la segunda, la resolución que emita  la Corte Constitucional ante la demanda planteada   por inconstitucionalidad del  Decreto 813, que establece la compra de renuncias obligatorias.

Manuel García, presidente de la Federación de Trabajadores Públicos, aseguró que el diálogo no está cerrado y esperarán que regrese  el Mandatario desde Bélgica para plantear  los puntos que tratarán entre el Ejecutivo y los trabajadores.

García aseguró que pese a los acercamientos y los diálogos que mantuvieron con el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, no se resolvieron los puntos conflictivos, entre ellos, la evaluación  y la compra de renuncias.

Desde  2004,   los funcionarios públicos  están sometidos a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa  (Losca) que planteaba la evaluación anual de los trabajadores. El porcentaje  mínimo de aprobación era de 70 puntos para continuar dentro de las empresas, ahora no se cuenta con una tabla de evaluación.

García añadió que ningún trabajador público se niega a ser evaluado, lo que se solicita es que los parámetros de evaluación sean iguales para todos. Al momento, según la última evaluación,  se basaría en cuatro aspectos: perfil profesional (15 puntos), desempeño (30), conocimiento, experiencia y capacitación (35) y  entrevista (20).
Otra herramienta para la evaluación es establecer los años de carrera del funcionario.

Mientras que llega el Presidente, la denuncia contra la inconstitucionalidad del Decreto 813 continúa en su trámite en la CC, que se presentó el pasado 5 de agosto. Los trabajadores aseguran  que la compra de renuncias dejaría fuera a cientos de sus compañeros.

La demanda, sin que haya un plazo para el pronunciamiento, se encuentra en manos del magistrado Hernando Morales. La querella es respaldada por los legisladores Jorge Escala (MPD) y  Nivea Vélez (Municipalista); además del presidente de la Conaie,  Humberto Cholango.

Compra de renuncias

Desde el Ejecutivo, pese a las advertencias de paralización, Espinosa justificó la compra de renuncias, tras asegurar que el proceso busca  crear un sector público eficiente y de  desarrollo  para el país.

El funcionario añadió que la compra  es un  mecanismo constitucional amparado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Para determinar quienes continuarán en su trabajo se realizarán las evaluaciones, a cargo de  un comité de gestión interinstitucional, conformado por la Secretaría de la Administración Pública, la Senplades y la cartera de Relaciones Laborales.

Hasta fines de año se estima que 1.121 personas se acogerán a este proceso y  para el 2012,  se prevé que sean 614, por lo cual el Estado ecuatoriano  invertirá  66 millones de dólares.