Ecuador solicitará la nulidad del fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) que ordenó cancelar la indemnización de 1.769 millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental Oxy.  Así lo informó ayer Diego García, procurador general  del Estado, quien aseguró que se agotarán todas las instancias legales para evitar el pago de dicha suma.

García explicó que con esa medida, la ejecución del fallo se detendrá temporalmente, pero aumentarán los intereses. No obstante, el funcionario indicó  que no sabe a cuanto ascendería el valor por la mora, puesto que la defensa se ha preocupado por los detalles legales. “Somos conscientes de que los intereses corren mientras pedimos el proceso de anulación”, reconoció y agregó que Ecuador cuenta con argumentos para pedir que se revoque la condena. El nuevo proceso iniciará en 120 días, tal y como consta en la norma para presentar la apelación.

La medida que ordenó el Ciadi se debe a que Ecuador, en 2006, canceló a OXY el contrato de explotación del Bloque petrolero 15, debido a que la compañía cedió -sin aviso previo- el 40% de los derechos de ese campo a AEC, una filial de la canadiense Encana. El Ciadi concluyó que la declaración de caducidad del contrato fue “equivalente a la expropiación” y violó el tratado bilateral.

El procurador advirtió que uno de los argumentos principales para la petición de nulidad que presentará Ecuador será que ese tribunal carecía de “jurisdicción y competencia” para tramitar el caso, puesto que en el contrato entre las partes el tema de la caducidad estaba “fuera de la materia arbitrable”, indicó el procurador.

Eduardo Pólit Molestina, abogado en libre ejercicio, opinó que la medida que presentará la Procuraduría es acertada porque se priman los intereses del país. No obstante, señaló, hay un punto en contra y fue no haber enviado un representante para defender la postura del Ecuador. “La decisión de Rafael Correa de no haber enviado árbitro para que defienda los intereses del país, le pone más difícil la situación porque los juicios tienen que ser atendidos desde el principio por un abogado”, dijo el jurista.

El procurador explicó que Ecuador también alegará que cualquier compensación a Oxy debería basarse en el 60% de la propiedad que tenía en el campo y no el 100%, puesto que había transferido parte de sus derechos. “Por absurdo que parezca, a pesar de que el tribunal arbitral reconoce que Oxy cedió sus derechos, violando el contrato de participación y la ley, le concede el 100%, que no tiene en este momento en su propiedad”, enfatizó García.

Santiago Barsabé, docente investigador de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), indicó que a través de este recurso lo que se busca es cambiar la sentencia emitida por el Ciadi, pero consideró que es bastante “improbable”. “Los fallos de primera instancia –en términos generales- no cambian”, explicó y señaló que dependerá mucho de los argumentos legales que se presenten para que cambie la sentencia. “El que tenga las de ganar será aquel que tenga un criterio jurídico más depurado, más claro”, señaló.

García informó que el Ciadi designará a los miembros del Comité de Anulación y que el proceso en esa instancia, que tendrá la última palabra sobre el caso, durará hasta  dos años. Barsabé aseguró que aunque el pedido de nulidad generará un cobro de intereses podría tener un costo-beneficio para el país, puesto que al final del proceso Ecuador podría pagar un monto menor al de los 1.769 millones de dólares. Sobre el mecanismo de pago que el país podría adoptar, García no quiso referirse. Tampoco se ha mencionado esta posibilidad en el Gobierno.

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