Con mucha sorpresa escuché al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, hacer gala de una pretendida benevolencia y apertura democrática para tratar el tema de la Iniciativa Popular Normativa Antitaurina, propuesta por la organización Diabluma. Es más, pretendía convencernos de esa supuesta apertura invitando al líder de esta iniciativa popular, el dirigente social Felipe Ogaz, para que exponga sus criterios, el pasado jueves 19 de noviembre, en la sesión ordinaria del cabildo.  

La Iniciativa Popular Normativa busca que se respete la voluntad del pueblo quiteño expresada en las urnas en la Consulta Popular de 2011, que prohibió los espectáculos públicos que tenían como finalidad dar muerte a los animales. Está muy bien que el cabildo acoja la voz de estas organizaciones, pero no como un regalo, una dádiva o una generosidad de parte de la autoridad. Este no es un acto de bondad, sino un tema de obligatorio cumplimiento, es un derecho ciudadano que debe ser respetado.

Es francamente vergonzoso el desconocimiento de algunas autoridades del Municipio de Quito sobre qué es exactamente y cómo se tramita una Iniciativa Popular Normativa. El colectivo antitaurino lleva adelante un proceso para establecer, por primera vez, una iniciativa de este tipo, usando la herramienta constitucional de la democracia directa, que se encuentra estipulada en el artículo 103 de la Constitución.

A las autoridades que pretenden desconocer esta normativa es importante recordarles que el artículo 101 de la Constitución de Ecuador reconoce el derecho de participación de los ciudadanos a través del mecanismo denominado silla vacía en torno a los diferentes temas de interés público.

Esto es algo no menor que quizás generaría preocupación; el artículo 312 del Cootad (Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), establece que la falta de observancia en la aplicación de este derecho generará responsabilidades y sanciones de carácter político y administrativo, incluyendo la remoción del cargo del o los funcionarios públicos que no apliquen la norma.

Al parecer, el señor Rómulo García, procurador de la Alcaldía, sería un apasionado por las corridas de toros en una plaza, pasión que posiblemente comparte con algunos concejales de la Alianza Suma Vive, entre los que destaca Marco Ponce. Este último cabildea sin darse cuenta de que está coartando y vulnerando los derechos de participación de los ciudadanos, en favor de sus intereses y gustos obcecados. Con esas y otras tantas maniobras trataron de impedir la participación con voz y voto de Felipe Ogaz, lo que es equivalente a impedir la voz y voto de 674.093 quiteños que dijeron No a la tortura de animales. Ellos ganaron con una diferencia de 109.791 votos frente a quienes intentaban aprobar esa práctica.

Es mi deber en calidad de vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social incentivar, vigilar y acompañar las iniciativas ciudadanas que promuevan la participación en el marco de la aplicación de la Ley y de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Más aún cuando la Iniciativa Popular Normativa Antitaurina se inscribe en ese anhelo de avanzar hacia la construcción del Poder Popular, fin último de la Constitución de Montecristi. (O)