Tras intensas negociaciones, el Comité de Regularización y el sector camaronero llegaron a varios acuerdos para que los trámites de legalización de las camaroneras no se centralicen en el Viceministerio de Acuacultura y Pesca.
El propósito es descongestionar el proceso, que desde el año anterior mantiene estancadas las diligencias de más de 1.100 pequeños y medianos camaroneros de la Costa, indicó el presidente de la Alianza Camaroneros del Litoral (Fundación Calysur), Boris Bohórquez.

El dirigente indicó que el proceso se ha dilatado porque hay   “descoordinación”  y todos los documentos deben  ser revisados y aprobados por el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, incluso después de ser verificados por las otras  instituciones que integran el Comité de Regulación del sector camaronero.

El presidente de la Red Apoyo Acuacultores Pymes (Acuapymes), Víctor Vargas, coincidió con Bohórquez en que los camaroneros se esfuerzan por cumplir con los trámites, pero que   “acuacultura, en la parte jurídica, es el cuello de botella”.

Ambos dirigentes afirmaron que incluso ya han cumplido con los planes de reforestación establecidos en los acuerdos y que han sembrado 120 hectáreas de mangle rojo en  Balao, en los que han invertido  150 mil dólares.

El Comité de Regularización del sector camaronero está conformado por el Viceministerio de Acuacultura, los ministerios de Ambiente y Patrimonio, y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea).

Ante el retraso en el proceso,  este organismo  acogió el pedido de los productores de que  Acuacultura  ya no sea “ventanilla única” para   receptar  los documentos de regularización, sino que estos puedan ser canalizados y aprobados    individualmente por   las entidades.

De esta manera, el Ministerio del Ambiente podrá aprobar los planes de forestación y la Dirnea colaborará en la elaboración de los planos. También se estableció que realizarán reuniones quincenales con   los gremios para evaluar el avance del proceso, explicó Bohórquez.

Con los acuerdos establecidos, los  productores esperan que este año se culmine el proceso, que  arrancó el 15 de    octubre de 2008 tras la firma del Decreto 1391, que disponía regularizar la acuacultura industrial y  el desalojo de las camaroneras ilegales creadas después de 1999, sobre todo en las  áreas protegidas.

1.427 están legalizadas

La primera fase del  proceso culminó el 31 de marzo de 2010, con un total de 1.223 predios regularizados. En abril se notificó el desalojo de 234 camaroneras, que ocupan en conjunto 3.047 hectáreas (has),  ubicadas en la zona costera de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro.

Según la Dirnea, estos predios fueron considerados ilegales porque  iniciaron sus actividades después de 1999, cuando ya estaba prohibido la creación de piscinas para la cría del crustáceo.

Posteriormente, se dictó el Decreto Ejecutivo 397 que benefició con una prórroga de 90 días para registrarse al 5% de las camaroneras de menos de 10 hectáreas, que se incluían en la lista de ilegales. También se extendió el plazo de la inscripción a 8 meses. Sin embargo, hasta el momento los trámites se encuentran estancados, lo cual preocupa a los productores que temen que se retomen los desalojos y sus propiedades sean revertidas al Estado.

Esto a pesar de que  la  semana anterior el ministro de Agricultura, Stanley Vera, afirmó que no habrá reversiones ni desalojos de camaroneros, durante una reunión con los productores de El Oro.

Según datos de la Fundación Calysur,  solo 204 camaroneras lograron firmar acuerdos de  legalización  de un total de   1.183 que  ingresó la documentación en 2010.

Lo más preocupante para el dirigente del gremio es que de esa cifra solo 48 corresponden a pequeños productores (0 a 10 ha), 115 a medianos (11 a 50 ha) y 41 a los grandes (51 ha o más).

Ante esta situación, Vargas dijo que da la impresión de que no   quieren agilizar el proceso de regularización de los pequeños camaroneros.