En el marco de la grabación del enlace ciudadano en la parroquia San José de Minas (Pichincha), el presidente Rafael Correa firmó ayer la Ley de Comunicación. Con esto la normativa, que estuvo más de 1.320 días en la Asamblea (desde 2009), se publicará en el Registro Oficial sin ningún veto del Ejecutivo.

Mientras el jefe de Estado ponía su rúbrica en el documento, cientos de niños lanzaron al aire globos con los colores de la bandera ecuatoriana. Correa calificó de "histórica" la normativa. Dijo que la revisó con el secretario jurídico de la Presidencia y que está “muy bien, no hay nada que cambiar, por ello ponemos el ejecútese sin ningún veto”.

Indicó que su firma es “una respuesta y un mensaje a los poderes fácticos, a los grandes negocios de la comunicación, así como a los imperialistas que pretenden mandar en el país, para que no pierdan su tiempo. Aquí en Ecuador hay soberanía y dignidad y no aguantaremos presiones de nadie”.

Reiteró que la Ley será la mejor respuesta a “tanta intromisión extranjera, a tanto vendepatria que pidió respaldo extranjero para ver si Correa devolvía la ley a la Asamblea”. Por ello reiteró que firmó el proyecto de ley con “absoluta soberanía y determinación”.

Según el Primer Mandatario, “están temblando los mismos de siempre, los poderes internacionales, no sea que se levanten los pueblos y pidan una ley como la ecuatoriana, y defiendan a la información como un derecho y no los negocios de quienes trafican con la información en función del lucro y su conveniencia”.
Consejo de Regulación

Asambleístas como Mauro Andino (ponente del proyecto), Paola Pabón, Ángel Vilema y otros, han exigido a los medios y ONG extranjeras, que respeten la soberanía ecuatoriana. A su vez, invitaron a los representantes de los  organismos que apoyan a la prensa privada, a efectuar una lectura profunda y técnica de la normativa aprobada, para que vean que sí se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales.

El artículo 48 de la Ley, en lo referente a la Integración del Consejo de Regulación, señala cómo estará formado (ver gráfico). Sin embargo, la ONG local Fundamedios, que recibe fondos estadounidenses a través de la Usaid, señaló que la conformación de este organismo tendrá representación exclusiva de los poderes públicos.

Fundamedios, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Human Rights Watch (HRW), han unido sus discursos para reprochar “la facultad del Consejo de Regulación para expedir reglamentos que contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Fernando Cedeño,  la Ley está amparada en los Principios de Participación, Transparencia y Democratización, “lo que permitirá desarrollar una comunicación más democrática, por lo tanto, más plural y más ciudadana”.

Informó que en este momento el CPCCS estudia la Ley, a la espera de su publicación en el Registro Oficial, a fin de dar cumplimiento a estas disposiciones en el plazo establecido. Ese es el caso de la delegación de un representante del CPCCS para el Consejo de Regulación, para lo cual la normativa da plazo de 30 días.

Según Cedeño, antes los organismos de control estaban compuestos por representantes de instituciones reguladas, lo que generaba conflicto de intereses. Hoy se busca que la persona elegida para el papel regulador no tenga vínculos con los entes que regulará.

CORREA Y ONU REACCIONAN ANTE LO DICHO POR RELATOR

El presidente Rafael Correa afirmó que quizás el relator especial de la ONU, Frank La Rue, no está informado de que la Ley de Comunicación, aprobada el 14 de junio por la Asamblea, fue debatida durante 4 años en el Ecuador.

Ante las críticas que hizo el Gobierno de Estados Unidos a la Ley, Correa expresó que esa nación debe primero ratificar el Pacto de San José (convenio internacional que avala el respeto de los Derechos Humanos en América), antes de referirse a la normativa.

“Primero que dejen de espiar las comunicaciones del planeta entero antes de referirse al Ecuador. No somos colonia de nadie y no permitiremos ínfulas de emperadores en nuestro país”, dijo el presidente en un conversatorio con la prensa de Galápagos.

Correa contestó a de La Rue porque éste se dijo “preocupado” porque la Ley no fue sometida a una amplia consulta con los diferentes actores sociales, por lo que le pidió no sancionarla sino que se  la envíe de regreso a la Asamblea para ser “más ampliamente discutida”. Este pedido -desde el punto de vista de Correa- resulta “absurdo”.

El jueves pasado, la “preocupación” de La Rue mereció grandes titulares en la prensa privada: “ONU pide que Ley de Medios vuelva al pleno”, destacó El Comercio; “En ONU ven daños a libertad de prensa en Ley de Comunicación”, dijo El Universo; y “ONU, EE.UU. y gremios de seis países critican Ley contra la prensa”, tituló diario Hoy.    

Ayer, a través de un comunicado de prensa, la ONU destacó que “los relatores especiales son un importante mecanismo de asesoría al Consejo de Derechos Humanos y sus pronunciamientos merecen la debida atención”. No obstante, aclaró que “es importante resaltar que estos pronunciamientos son juicios y opiniones expertas que el relator emite de manera independiente en el ejercicio individual de su mandato. Por tanto, no corresponde atribuir a la ONU como organización dichos pronunciamientos”.