La creación de un Consejo de Regulación conlleva la implementación de un régimen de sanciones. Y esto forma parte de los nudos críticos del debate de la  Ley Orgánica de Comunicación.

La bancada de Alianza PAIS es partidaria de amonestaciones escritas y verbales cuando existan incumplimientos de los medios de comunicación para transmitir mensajes de las instituciones del Estado, publicar mensajes sin firmas de responsabilidad, no publicar los instrumentos de autorregulación, no incluir en su programación un espacio para la música nacional, no dar espacio a la réplica, entre otros.

Las sanciones llegan hasta las multas del 1 al 10% del promedio de facturación del medio en los tres últimos meses, así como también se extiende la penalidad por reincidencia.

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, manifestó que las sanciones económicas deben ser bien analizadas.

“Yo no comparto en poner sanciones de acuerdo a la remuneración porque eso no guardaría la proporcionalidad que establece la Constitución entre los denominados medios grandes y los pequeños que existen en ciertas ciudades y provincias. Recordemos que esos medios no tienen las mismas capacidades económicas”, aclaró.

El asambleísta explicó que las multas de tres a cuatro remuneraciones pueden repercutir en la economía de un medio local o provincial, no así en uno de carácter nacional.

La asambleísta socialista Silvia Salgado comentó que una vez que se determine la estructura y las competencias del Consejo se deberá contar con sanciones para quienes incumplan.

Luis Morales, jefe del bloque del Prian, fue enfático en señalar que el régimen de sanciones debe ser controlado por la justicia ordinaria.

“Por más Consejo de Regulación que sea no puede legislar sino reglamentar las disposiciones que manda la Asamblea y debe ajustarse a lo que dice primero la Constitución y los tratados internacionales”, precisó, al tiempo de insistir en que su agrupación no está de acuerdo con las sanciones, porque llegará un momento en que los medios se dedicarán más a defenderse que a cumplir con su rol. 

Los asambleístas César Montúfar, Fausto Cobo, Jimmy Pinoargote y Lourdes Tibán, quienes forman parte de la Comisión de Comunicación, presentaron a mediados de mayo una propuesta sobre este tema.

Ellos establecen que se sancionará a los medios públicos, privados y comunitarios que difundan programas o publicidad con mensajes no protegidos, que incumplan franjas horarias en la transmisión de su programación, incumplan con el trámite de rectificación o réplica, no publiquen sus instrumentos de autorregulación y violen el derecho a la cláusula de conciencia de los comunicadores. En este caso la multa irá de 2,5 al 5% de la facturación bruta del último trimestre.

Dumar Iglesias, presidente de la Confederación de Periodistas del Ecuador, estima que las sanciones se deberían dar acorde a la gravedad de las inculpaciones que se prueben con un debido proceso.

“Los procedimientos aplicables a medios y periodistas que violen la ley, deben ser en el marco de las plenas garantías a la libertad de expresión y de información”, puntualizó.