Más de 200 representantes de las organizaciones sociales se reunieron ayer, en Quito, en el Hotel Seis de Diciembre, para buscar   una  institucionalidad sólida de sus entidades  y plantear la agenda que tratarán con el presidente Rafael Correa entre el 14 y 20 de este mes, en el III Gabinete Nacional que se realizaría en el Palacio de Carondelet.

Jimmy Herrera, representante de la Dirección de Prevención de Conflictos de Diálogo Social, de la Secretaría de Pueblos, precisó que  se establecieron temas en los  ejes de lo político, social y organizacional.

Enfatizó que las organizaciones buscan tener un reglamento que les ayude a  mantener la unidad y legitimar a sus representantes desde las bases y las comunidades, así como que los espacios y mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana se hagan una realidad; entre ellos están los consejos sectoriales, ciudadanos locales, planificación participativa no solo en las decisiones del gobierno central, sino también de los  gobiernos autónomos descentralizados. “La organización quiere ser parte de las decisiones que se toman”, dijo el funcionario.

Herrera manifestó que los dirigentes sociales demandan que las nuevas leyes de Agua, Tierra y Cultura sean urgentemente tratadas con sus postulados, además con sus principios y necesidades. También solicitaron que todo lo que tenga que ver con  Economía Popular y Solidaria sea una prioridad.

Los dirigentes sociales trabajaron en nueve mesas y de allí se escogieron dos voceros por cada organización (18 en total), quienes junto a  los 90 representantes nacionales llevarán los planteamientos  al Jefe de Estado.
María Quishpe, dirigenta de Mujeres por la vida, precisó que en la reunión pedirán al Primer Mandatario crear una “patria antimperialista, que no quiere decir fuera la OXY, y que no nos den un centavo, sino que va más allá, en el sentido de salvaguardar todas las áreas estratégicas y declararnos como un país soberano y trabajar por la Constitución del Buen Vivir”.

Quishpe dijo que buscan vincularse como organizaciones sociales a la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), llegando  a ser vinculantes junto a otras organizaciones latinoamericanas.

También -dijo- que se debatió el fortalecimiento, modernización y reestructuración del Banco de Fomento, en cuanto  su accionar esté vinculado al Instituto de Economía Popular y Solidaria.

Alejandro Ríos,  representante del seguro social campesino y de las brigadas barriales de Cañar, dijo que ellos buscan que el trabajo de las organizaciones sociales se articule con los planteamientos de los asambleístas, “porque hacen leyes que no se articulan a las necesidades de las organizaciones políticas”.  Enfatizó que los campesinos sufren de discriminación “al no tener precios justos para nuestros productos, las ganancias se quedan en los intermediarios, el pequeño productor nunca surge”. También pidió que se revisen las jubilaciones para los asegurados campesinos.

En el área de seguridad, Ríos detalló que  esperan que los aportes no solo se queden en las grandes ciudades, sino también lleguen a  las periferias y zonas urbanas rurales, “la sociedad está vigilante”, dijo.