Hasta un año tendrán las organizaciones sociales para registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios), tarea que tiene  la Secretaría de Gestión Política.

Según Patricia Sarzosa, viceministra de Gestión Política, el decreto 16 solo es una normativa desarrollada de manera participativa y sobre la base de los resultados de un proceso de diagnóstico realizado con aproximadamente 1.700 organizaciones de base en las 24 provincias del país, durante  2012.

La funcionaria precisó que 200.000 organizaciones de hecho y  que tienen personería jurídica, deberán volver a registrarse en el país. Precisó que entre los beneficios para las organizaciones sociales están la transparencia en todos los procesos y procedimientos, así como el reconocimiento, certificación y apoyo por parte del Estado a todo tipo de organización social, sin importar su situación jurídica.

Indicó que el sistema da una mayor facilidad de información para que las organizaciones sociales se conviertan en proveedores preferentes del Estado, en cumplimiento con la Ley de Participación Ciudadana.

DATOS

El 4 de junio pasado, el presidente Rafael Correa firmó  el Decreto número 16 en donde se expuso que todas las organizaciones sociales no gubernamentales (ONG) ahora deberán regirse por el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios),  cuyo objetivo es determinar los derechos y obligaciones de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), nacionales e internacionales en el país.    

Patricia Sarzosa, viceministra de Gestión Política, dijo que por las denuncias que se presenten se comprobará si se realizan otras actividades por fuera de la norma, pero que las organizaciones podrán apelar.Sin embargo, organizaciones sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) consideran que el decreto prohíbe la libre asociación. Humberto Cholango, presidente de la entidad, dijo que el decreto condiciona a estas entidades.

Según Mónica Chuji, dirigente de los movimientos indígenas, con el decreto hay una intención en contra de los movimientos sociales.  Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari,  presentó  una acción de protección y una demanda  en la Corte Constitucional, una acción que repitió  Fundamedios.

Para estas entidades se vulnera el derecho a la libre asociación, además de que las razones de disolución son ambiguas y quedan a criterio de un funcionario gubernamental. A Pérez le preocupa  que los integrantes de las organizaciones no puedan dedicarse a actividades de política partidista y de injerencia en políticas públicas.

De igual forma, la organización Human Rights Watch pidió a Ecuador que revoque el decreto porque considera que afectará la libertad de expresión. De esta manera, “solo el Gobierno podrá decidir qué pueden decir o hacer las organizaciones y esto elimina la potestad de vigilancia, a través de veedurías y observatorios, sobre las acciones del gobierno”, explicó  José Vivanco, director de la organización para América Latina.

Él sostuvo que el desarrollo de las actividades de estas organizaciones se verá limitado “porque existirá un control gubernamental”. Advirtió que se “tratará de vigilar y controlar el trabajo de la sociedad civil”.  

Otras organizaciones como “Mujeres por la vida” desconocen la existencia de este reglamento y expresan que no se les ha informado al respecto.

Habrá acompañamiento

La viceministra Sarsoza dice que los dirigentes que se han pronunciado en contra del reglamento, que incluso han puesto amparos constitucionales, lo hacen por “desconocimiento y para ello se realizarán procesos de socialización y debate con los representantes de las organizaciones sociales, para que no se tergiverse el contenido del reglamento, porque lo único que hace es reconocer lo que hace rato el Estado reconoció”.

1.700 organizaciones de base fueron consultadas para la elaboración del decreto ejecutivo 16


200 entidades pidieron acompañamiento para realizar todo el proceso de reinscripción jurídicaArgumentó  que el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil se realiza desde  2008 y que lo único que cambia es que estos procedimientos pasarán a ser sistematizados en una nueva plataforma integrada y serán unificados por este sistema, para ofrecer una información pública, ordenada y transparente, “controlando los procesos para dar facilidades a las organizaciones sociales y evitar discrecionalidad por parte de los funcionarios del Estado. Nada tiene de inconstitucional”, afirmó.

Indicó que el proceso que realizan los ministerios seguirá adelante y que las organizaciones tendrían que volver a reinscribirse solo si cambiaron la directiva o hubo modificaciones en los estatutos.

Hasta el momento, 200 organizaciones han solicitado asesoría jurídica para el proceso. Según la funcionaria, se pidió a las unidades que trabajan en los territorios, que actualicen el catastro. “Esto abre nuevas oportunidades para que las organizaciones de hecho puedan registrarse”. Por ello se abrirá un proceso de catastro en todas las provincias, y aquellas que no han podido actualizar los trámites en los ministerios correspondientes, durante tres años seguidos, tendrán que hacerlo en este nuevo proceso.

La funcionaria descartó que con el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas se eliminen las organizaciones de hecho de la sociedad y anunció que sí se podrán constituir comités de padres de familia, barriales o comunitarios.  

Desde la próxima semana empezará el proceso de socialización con el personal de los ministerios y luego con las organizaciones.  

En 180 días se tendrá  plataforma

Sarzosa dijo que aquellas organizaciones de hecho que no se registren, pierden la oportunidad de hacerlo; en cambio, si son de derecho perderán la oportunidad de  contratar con el Estado y de hacer transacciones, que  es lo que les concede la personería jurídica. “Cuando ya llegan a ser contratadas  o cuando requieran una cuenta bancaria van a necesitar esta personería jurídica, que será una especie de cédula de identidad para las organizaciones”.

Indicó que la información se cruzará con organizaciones nacionales e internacionales como la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci). La Secretaría de Gestión de la Política espera contar con la plataforma hasta en 180 días.

EL CODENPE CAMBIA DE ADMINISTRACIÓN

Ayer a las 10:00, en el auditorio Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevó a cabo el evento “Codenpe Bara Chimbachi”, donde Ángel Medina entregó la administración de esta institución al nuevo secretario nacional ejecutivo, José Chimbo. En un primer momento se realizó un acto ceremonial entre los representantes de las Nacionalidades y Pueblos, dirigentes de las organizaciones indígenas, autoridades estatales y representantes de las instituciones cooperantes. A continuación intervino Bartolo Ushigua, vicepresidente de la Conaie, quien reclamó al gobierno el recorte de presupuesto al Codenpe. “No somos terroristas, sino luchadores con una propuesta”, expuso. Además hizo un llamado a la unidad de los pueblos.

Igualmente Ángel Medina, exdirigente del Codenpe,  realizó una rendición de cuentas sobre sus cuatro años de gestión, en la que explicó que se han realizado proyectos para la planificación del buen vivir y para una política pública dirigida a defender los derechos de las Nacionalidades y Pueblos. “Queremos una institución descolonizada, que responda a nuestros intereses. Proyectos que no contemplen los derechos de la naturaleza, una plurinacionalidad, una interculturalidad y el Sumak Kawsay no serán proyectos para los Pueblos y Nacionalidades”, dijo.

Finalmente, José Chimbo firmó como nuevo Secretario Nacional Ejecutivo del Codenpe y en un acto simbólico, se le entregó el mando. Chimbo prometió seguir trabajando por una política pública hecha  por ellos y dirigida a los intereses de los Pueblos y Nacionalidades.