La mañana del 19 de noviembre del 2003, las autoridades de la Policía Nacional  informaron de un frustrado asalto en uno de los locales de  la farmacia Fybeca, en el norte de  Guayaquil. El operativo policial dejó ocho supuestos delincuentes muertos y varios detenidos.

Al interior del almacén, junto a los  cuerpos de las víctimas, se encontraron ametralladoras, pistolas de diferentes calibres y hasta granadas. El parte oficial indicó que hubo un cruce de fuego con los asaltantes, por lo que los agentes policiales tuvieron que defenderse.

Pero esta versión fue rechazadas por tres mujeres -coincidentemente se llaman Dolores- que denunciaron que en aquella mañana los policías que lideraron el operativo cometieron ejecuciones extrajudiciales e, inclusive, una desaparición forzosa.

Dolores Guerra, quien asegura  que su esposo Johnny Gómez  desapareció ese día luego de que fuera detenido, comenta que desde aquella fecha ha vivido una “tortura emocional” en la búsqueda de justicia para su familia.

Guerra manifiesta que en estos siete años ha palpado el accionar de la justicia en el Ecuador y solo pudo sacar una conclusión: La impunidad y la corrupción vencen a la verdad.

“La justicia  en el país ha sido negada para los ciudadanos, muda, sorda, que se le niega, sobre todo, a los que menos recursos tenemos”, comenta la actual activista por una reforma en el sistema nacional de justicia.

Dolores Guerra afirma que los problemas arrancan desde la propia Fiscalía, porque de ahí tiene que salir un dictamen para que el juez de la corte provincial inicie el proceso. “El fiscal Pérez Asencio, a pesar de tener las pruebas de la desaparición de mi esposo, archivó el caso y no se inició la parte jurídica en la corte. Un comportamiento parecido lo dio el ex fiscal Carlos Vanegas, que no dio trámite al caso y eso que contaba con todas las  pruebas”.

La perjudicada por el sistema de justicia subrayó que, al contrario, un juez abrió un juicio en donde se acusaba a su esposo de formar parte de una banda delictiva. “No les bastó con no dar paso a las investigaciones por su desaparición, sino que insultan su memoria acusándolo de delincuente”, reclama Dolores Guerra.

Por su parte Dolores Vélez, acusó a la policía de la muerte de su marido Carlos Andrade, quien, según la versión de su mujer, había acudido a la farmacia a comprar pañales en el instante que se dio el frustrado asalto.

Ella, en declaraciones anteriores, ha comentado que durante el operativo  “los policías fueron jueces y parte, solamente por el hecho de tener un fuero policial” y que la justicia no ha podido castigar a los responsables de los hechos.

Mientras que Dolores Briones, esposa de uno de los repartidores de Fybeca que fue acribillado el 19 de noviembre de 2003 en el tiroteo, ha manifestado que los familiares de las víctimas están “cansados de pedir justicia en el país, pero la impunidad sigue brillando”.

Las tres Dolores continúan con sus gestiones para alcanzar la justicia para sus familias. Ante la respuesta de los tribunales ecuatorianos, decidieron acudir a instancias internacionales, específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que solicitan  una compensación   por considerar que la muerte de sus esposos es  crimen de Estado.

Al igual que hace siete años, las Dolores y colectivos sociales que las apoyan en su batalla legal se reúnen en la Fybeca para recordar los lamentables hechos del 19 de noviembre de 2003 y para proseguir en su búsqueda de eliminar la injusticia, aunque sea en sus casos particulares.

Una luz de esperanza surgió hace un año, cuando la Comisión de la Verdad, que investigó atentados contra los Derechos Humanos entre 1984 y 2008, analizó el caso y dio nombres de los presuntos responsables.

Dolores Guerra ha ido un poco más allá y ahora forma parte de una agrupación que reúne a varias personas de distintos ámbitos sociales. Se llama Acuerdo por una Nueva Justicia y el Fin de la Impunidad, que busca, según ella, “transformar de raíz un sistema (el judicial) que es el cordón umbilical de la impunidad en el país”.