El Gobierno ecuatoriano ya analiza las implicaciones de la expulsión definitiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) del país. 

El jueves pasado, personal de la Cancillería y de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) se reunió para analizar las repercusionesque tendría esta decisión gubernamental. De concretarse la idea, el presidente Rafael Correa la anunciaría oficialmente en esta semana.

De 19,2 millones de dólares adicionales que la Usaid envió en el 2010 como enmienda 3, y que culminarían en este año, solo 4 millones serían destinados a programas sociales, según una fuente.     

Este Diario accedió a información extraoficial de la Seteci y la Cancillería, en la que se señala que entre las estrategias y como procedimiento para el cierre de programas y proyectos de Usaid en ejecución se denunciaría el Convenio de Cooperación de 1962, se pediría el cierre financiero y administrativo de los proyectos, se inventariarían los bienes ingresados en el país para ejecutar el proyecto y se solicitaría la entrega de estudios e investigaciones generadas en el marco de los convenios con la entidad.

La finalización de la intervención de Usaid en el país pasaría por la denuncia (culminación) tanto del Convenio Marco como de la estrategia país que no ha sido renovada hasta la fecha. En el ámbito financiero, en cambio, se verificarían los informes financieros y técnicos, y se realizaría un balance de los recursos gastados y los resultados obtenidos hasta la fecha de cierre.

El Gobierno analizaría la pertinencia del traspaso de los bienes a los socios locales. Esto, sobre todo en los proyectos que estarían  por  finalizar. En cuanto a las investigaciones generadas por la Usaid, el Gobierno aclararía  que la propiedad intelectual de los estudios e investigaciones son del Estado ecuatoriano y debería ser transferida integralmente al cierre del proyecto.

Como parte de los escenarios posibles que derivarían del cierre de proyectos- por tipología de actores- se identificaría a las instituciones del Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados y las ONG que serían afectados. En el documento antes señalado se precisa que el Estado advertiría que algunos proyectos en ejecución podrían quedarse sin fuente de financiamiento, por lo que se priorizarían las actividades pendientes y se elaboraría una estrategia de financiación alternativa (fiscales o con otros cooperantes).

Gobiernos locales

Según la información con la que cuenta este Diario, la cooperación estadounidense interviene con fuerza en los gobiernos locales, por este motivo y para evitar inconvenientes -antes o tras el cierre- se realizaría un mapeo  de las intervenciones de la Usaid en esas jurisdicciones.

Así también para evitar protestas en zonas de la Amazonía y las fronteras- en donde la entidad tiene fuerza- se  elaboraría una estrategia desde los responsables de la política en los territorios para evitar costos políticos relevantes.

Además se brindaría información sobre estrategias alternativas de financiamiento, a través de cooperación y créditos, para evitar que las restricciones presupuestarias afecten la ejecución de obras como, por ejemplo programas de agua y saneamiento en la frontera.

En cambio, los responsables de la política (Ministerio de Coordinación de la Política y de la Secretaría de Pueblos), junto con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, plantearían una estrategia de contención ante el cierre de proyectos que podrían generar vacíos que afecten directamente a grupos de atención prioritaria y proyectos de interés social con las consecuentes repercusiones políticas.

En el informe se afirma que el Estado tendría como prioridad aprobar las políticas de cooperación internacional que rigen para los actores de la cooperación en el país.