La Unión Europea (UE) no debería condicionar la firma de un acuerdo comercial con el Ecuador al resultado del caso El Universo. Así lo consideraron ayer analistas, luego que la jefe de la diplomacia de ese bloque, Catherine Ashton, dijera que los europeos siguen de cerca el juicio al diario guayaquileño.

Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales, de la Universidad Andina Simón Bolívar, aclaró que la UE podría pedir una aclaración sobre el manejo de la libertad de expresión en  Ecuador, incluso llamar la atención por lo que  consideren un incumplimiento a un derecho, previo a una verificación.

Pero  Levi destaca que aquello no tiene un carácter coercitivo. “No tiene una acción directa por lo que no debería afectar a la firma de un acuerdo comercial”, afirmó. El especialista señaló que el bloque distingue claramente entre comercio y asuntos de diálogo político.

La reflexión de Levi nace ante las  declaraciones que hiciera Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a un medio de comunicación, en las que acotó que  “la Delegación de la Unión Europea está siguiendo muy de cerca el caso de diario El Universo”.

Marco Romero, experto en Estudios Sociales y Globales también comparte este criterio. Para él, la UE está mezclando  dos espacios que no se relacionan con  una negociación  comercial.

Para él, se debe distinguir entre acuerdo comercial y diálogo político, sobre todo “si este último punto se entiende como un espacio de convergencia para el análisis de los  grandes temas de los intereses compartidos en las relaciones internacionales, es decir, análisis de los temas de  Naciones Unidas, reforma del sistema monetario internacional, lo que fuera”.

Pero el catedrático universitario destaca que ese diálogo político no debería topar los  “aspectos inherentes ni a lo que suceda o como funcionen  las instituciones de la UE, así como se manejen  las instituciones del Estado ecuatoriano”.

Si de una demanda por injurias se trata, hay un antecedente. En  2005, el  Tribunal Supremo de España  condenó al político vasco Arnaldo Otegui a un año de cárcel por un delito de injurias graves al Rey. El acusado calificó al monarca, durante una rueda de prensa, que era “el responsable de los torturadores”.

Otro caso fue en Alemania, que dispuso en  2010 un operativo policial que culminó con el arresto de 23 sospechosos de participar en Radio Resistencia (Wederstands Radio), que retransmitía propaganda neonazi, lo cual está prohibido por las leyes alemanas.

Durante una comparecencia al Parlamento Europeo, Ashton dijo que “si la Corte Suprema revierte lo que se ha hecho, entonces se habrá alcanzado la solución a través de un proceso judicial… Si ellos no hacen caso… nosotros tenemos obligaciones en nuestros acuerdos y tendremos que ver qué tipo de gestión diplomática y qué respuesta quisiéramos dar”.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, reaccionó y expresó que las declaraciones de Ashton constituyen una grave intromisión en los asuntos internos del Ecuador.

Patiño recordó a la UE que no cabe recriminar a un Estado por aplicar su legislación interna cuando personas o grupos de personas abusan del derecho de libre expresión.