Miguel Arroyo trabaja como pintor en una enderezadora de carros, ubicada en el noroccidente de Quito. Trabaja de lunes a viernes diez horas, y el sábado seis. Su jefe le paga $ 80 la semana, pero no lo tiene enrolado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

A Miguel no le preocupaba tener seguro porque cobraba semanal, hasta que el 14 de marzo de este año sufrió un accidente que le implicó quemaduras de segundo y tercer grado en un 6% de su cuerpo.

“Se prendió la puerta de un vehículo que intentaba despintar con un soplete encendido, hasta que una línea de gasolina cercana se impregnó en mi ropa y me prendió. No tuve reacción y entré en shock. Cuando estuve con mis cinco sentidos estaba en una clínica particular que le salió carísimo a mi familia. Cuando me recuperé le pedí la afiliación a mi maestro, pero como no lo hizo busqué otro trabajito”, cuenta Miguel.

Las historias de personas que trabajan en relación de dependencia, pero que no están afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son frecuentes en el país.

Por tal motivo, con 4’146.640 votos, la pregunta diez de la consulta popular fue la que más respuesta afirmativas obtuvo de las cinco que no se referían a enmienda constitucional.

De esta manera, se dispuso que la Asamblea Nacional tipifique como infracción penal la no afiliación al IESS de los trabajadores en relación de dependencia. Pedido que, sin embargo, aún no ha sido resuelto por la Función Legislativa, ya que la infracción está contenida en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que aún no tiene informe para primer debate en la Comisión de Justicia.

El artículo 216 del proyecto del COIP, que remitió el Ministerio de Justicia a la Asamblea, indica que la no afiliación al IESS será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años y una multa de 200 remuneraciones básicas del trabajador privado en general.

No obstante, los miembros de la Comisión de Justicia coinciden unánimemente en que  la tipificación de la pena debe desglosarse en dos rumbos: sanciones para personas naturales que no afilian a sus empleados en el hogar o microempresas y sanciones a las personas jurídicas que de mala fe no enrolan en sus empresas.

Según el IESS, el número de afiliados al seguro general asciende a 2,4 millones, es decir, un 74,5% de la población económicamente activa.

El presidente Rafael Correa, como parte de su discurso por el Día del Trabajador, indicó que la meta laboral del Gobierno a mediano y largo plazo será la afiliación universal de la población económicamente activa. Al momento, la Comisión de Justicia de la Asamblea deberá determinar los rangos de sanción.