Tras el amotinamiento de los internos del ex penal García Moreno, ocurrido la noche del miércoles, sus  pedidos sobre rebaja de penas y otros beneficios todavía no han sido resueltos por las autoridades.

Los  familiares de los detenidos   pidieron ayer la mediación de las asambleístas Silvia Salgado y María Augusta Calle para  poder dialogar con la ministra de Justicia, Johana Pesántez, para superar el impasse.

La situación en el centro de rehabilitación volvió ayer a la normalidad. Sin embargo, allegados a los reos permanecieron en los exteriores, mientras los reclusos esperaban una respuesta a sus planteamientos.

De los cuatro puntos que motivaron la protesta de los internos, el que más les preocupa  es   cumplir con los  requisitos para obtener la rebaja  de penas por el sistema de méritos, que reduce la condena  hasta en un  50%.

Ese beneficio pueden solicitarlo las  personas privadas de libertad  que hayan cumplido la mitad de la sentencia,  previo informe del Departamento de Diagnóstico de cada  centro penitenciario y de una comisión especializada de la  Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), compuesta por  un  médico, psicólogo, abogado y  trabajadora social,  según  establece la Ley de Rehabilitación Social.

Mediante este procedimiento,   en  cada centro se evalúa y califica que los presos demuestren buena conducta e interés por su rehabilitación. Además, que participen en procesos culturales, educativos, laborales y de tratamientos de adicciones.

El  informe es remitido al Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) para su evaluación final.
Pero el trámite está suspendido porque el CNRS, integrado por los ministros de Justicia, Salud, Relaciones Laborales y Educación, en septiembre de 2011  pidió a los  directores  de cada centro de rehabilitación que  elaboren nuevos planes de trabajo para aplicar esta medida.

Las solicitudes de prelibertades, al igual que las libertades controladas y rebajas de quinquenio, también están a la espera.

El malestar de los detenidos se acentuó al no poder acudir a la Comisión de Justicia del Legislativo  para entregar sus aportes al proyecto de Código Integral Penal.

No se les dio permiso porque los reos solo pueden salir de la prisión  por una audiencia o por motivos de enfermedad.
Las personas privadas de la libertad (PPL) preveían plantear  que se mantenga la prelibertad con el 40% de la pena impuesta, la rebaja de penas con el 50% de la condena, y la libertad controlada con el 60% de la sentencia determinada.

La ministra de Justicia, Johana Pesántez, dijo que solo 154 presos están a la espera de la aprobación de su reducción de penas. Asimismo, señaló que ex funcionarios de la DNRS, despedidos por corrupción, manipularon a los presos.

Además, manifestó que los líderes del motín serán sancionados porque 22 policías resultaron heridos.
Sin embargo, Sonia Andrade, veedora del sistema penitenciario, precisó que existen alrededor de 1.500 carpetas  de prelibertades represadas desde hace dos años.

Al referirse a los hechos ocurridos en el ex penal García Moreno, Sonia Andrade indicó que ella y  otros integrantes de la comisión veedora fueron golpeados  y que hay varios internos heridos.

Comentó que cerca de 150 personas, entre visitas y presos, se amotinaron en el recinto penitenciario para exigir que se tomen en cuenta los petitorios, mientras que un grupo de allegados se congregó en los exteriores para apoyar la medida.

Pasadas las 20:00,  “a pesar de estar con familias dentro del centro, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad,  la Policía incursiona y lanza gases”, denunció la veedora.
La Ministra de Justicia negó que se haya usado gas lacrimógeno.